Caracas, 15 de Mar. ABN. (Carolina Rojas).- El Instituto Nacional de Tierras (Inti) respetará las áreas que se demuestren como productivas en los predios que el pasado sábado fueron declarados como tierras de origen baldío propiedad de la Nación.

Así lo aseguro el presidente del Int, Eliézer Otaiza, luego del decreto emitido por este organismo en el que el Estado desconoce la propiedad de quienes presumían ser dueños de la totalidad o parte de los hatos Piñero, Charcote, Borges, Sanz y El Coco.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su declaratoria de “tierras ociosas” establece dos procedimientos: es primero es reconocer sobre la propiedad y el segundo determinar si hay productividad. En consecuencia, la declaración de tierras ociosas sólo se aplica en las hectáreas inutilizadas que no se aprovechan para el beneficio de la comunidad.

Conforme a esto, se evalúa el tipo de actividad que se realiza en la superficie sometida a inspección pues se ha constatado que en ocasiones la condición de uso no es la más apropiada y argumentó que es deber del Inti garantizar el debido manejo de las tierras.

Añadió que en muchos casos aunque hay actividad productiva se ha demostrado deterioro al ambiente, específicamente a las áreas bajo régimen especial (Abrae) “que han sido totalmente dañadas y, en consecuencia, pudiese traer alguna investigación importante”.

En las tierras en estudio se han mantenido los equipos técnicos para realizar las evaluaciones correspondientes y recabar los elementos necesarios para coordinar las acciones a tomar, que tendrán que ser aprobadas por el Presidente de la República. Hugo Chávez Frías.

En relación con los hatos en estudio especificó que los documentos presentados no son suficientes para comprobar la propiedad ni la actividad y como consecuencia se da por agotada la vía administrativa y se prepara para dirigirse a las instancias que sean necesarias para defender el derecho del Estado sobre estas tierras.

Al respecto advirtió que los afectados tendrán un lapso de 60 días continuos para presentar ante las instituciones correspondientes sus alegatos, es decir, hacer uso de su derecho legítimo a la defensa de lo que ellos consideran su patrimonio.

Asimismo, el Inti se prepara para defender sus argumentos “ante las instancias que sean necesarias”, enfatizó Otaiza.

Sin embargo, aseveró que se respetará la propiedad privada en el caso de la hacienda Santa Rita, ubicada en el estado Apure, donde luego de solicitarse los documentos de propiedad y verificar que no se cumplía con las condiciones, la investigación de los especialistas del Inti corroboró su origen privado.

“En definitiva nosotros así como estamos cumpliendo con el procedimiento de la Ley de Tierras, hacemos cumplir la Constitución y garantizamos la propiedad privada. Si hay algún exceso o algún elemento que todavía no hayamos considerado se tomara en cuenta”, recalcó.