13.03.2005 [José Maria Carbonell/ANNCOL] La denuncia que organizaciones populares y de derechos humanos de Costa Rica, agrupados en el Comité de Enlace, en documento que ha circulado por Internet entre organizaciones de Derechos Humanos, sobre la persecución a colombianos refugiados por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica y un comando de la Policía Nacional colombiana, pone de manifiesto el profundo desprecio que los esbirros de las fuerzas imperiales tienen por el derecho y la soberanía de los pueblos, así como el desprecio por el Derecho Internacional Humanitario, del cual ambos estados son signatarios.

Interrogatorio extrajudicial

Someter a un refugiado a un interrogatorio extrajudicial, ilegal, con la participación de la máxima autoridad de Migración y Extranjería, cuyo Director Marcos Badilla Chavarría, lo organizó y utilizó las instalaciones de la Dirección de Migración para que se llevara a cabo tal acto de aberración jurídica, violenta el estado de derecho costarricense y la juridicidad internacional, con consecuencias imprevisibles, al punto que el “Pura Vida” de los costarricenses está en peligro.

Organizar una “encerrona” a un refugiado y ponerlo como “carne de cañón” en manos de un agente de la DIS llamado Fernando y de un miembro de la Policía colombiana, precisamente la institución que realizó a fines de la década de los ochenta una detención arbitraria –develada por la jueza que decretó un habeas corpus a favor del detenido- y el montaje posterior de un proceso de rebelión, lo que lo obligó a vivir escondido hasta que en 1997, sin solución posible emigró a Costa Rica y allí solicitó refugio, el cual le fue otorgado de inmediato y como tal ha permanecido durante siete años.

Es de resaltar que dos hermanos del médico refugiado en Costa Rica han sido asesinados en Colombia por elementos paramilitares, uno de ellos por orden de Jorge Luis Ochoa Ballesteros, jefe de la banda “Los Morrocoyos”, quien a su vez recibió la orden del Jefe de Inteligencia de la I División del Ejército con sede en Santa Marta; además, su familia ha sido objeto de permanente hostigamiento por miembros de organismos secretos estatales y de extorsión por parte de los paramilitares que implantan el terror en “La Perla de América”, como la llamara El Libertador, Simón Bolívar.

Chantaje internacional

En medio de amenazas a su estabilidad como refugiado y a su familia (“es una linda familia”, “su chiquilla es muy linda”, “su señora está estudiando en la universidad”, etc) transcurrió un interrogatorio de 3 horas, a un refugiado desprevenido, aterrado y acorralado, que vive su vida personal y profesional abiertamente, públicamente, en concordancia con el orden jurídico interno costarricense, y la impúdica posterior propuesta de que “los ayudara a ubicar a los miembros de la comisión internacional de las FARC en el exterior”, que si lo hacía le “ayudaban en todo”.


Semejante violación de los derechos de un refugiado, de la seguridad que la Dirección General de Migración debe brindar a un “protegido” por esa dependencia, demuestra que el Estado de Derecho en Costa Rica está en peligro ante semejantes funcionarios, que se inclinan ante el águila imperial y ante los sobornos que ofrecen los funcionarios de la Policía colombiana, que siguen al pié de la letra lo dicho por el Vicepresidente colombiano, Francisco Santos, el homo ineptus ineptus, cuando balbuceante y babeante, manifestando su odio, dijo: “Que vengan todos los cazarecompensas del mundo, la plata está allí para ellos y las recompensas son buenas”.

Surgen algunas interrogantes en torno a tal suceso: ¿Este contubernio impúdico entre Marcos Badilla Chavarría –Director de Migración y Extranjería-, el miembro de la DIS que dice llamarse Fernando y los Policías colombianos, obedece a una política del Estado costarricense? ¿Sabe el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, la actuación de sus subalternos? ¿Actúan éstos por orden del Ministro de Seguridad o lo hacen por cuenta propia? ¿Si lo hacen por cuenta propia, no estamos ante un acto aberrante de soborno y violación de la soberanía de Costa Rica por parte de la Policía colombiana?

¿Quiénes son los miembros de la Policía colombiana que conforman el comando en Costa Rica? ¿Tiene registrada Migración la entrada de éstos Policías colombianos? Y si los tiene registrados, ¿por qué no saca a la luz pública los nombres de los que conforman ese comando? ¿Actúa este comando con el permiso del gobierno costarricense?

¿Sabrá el Presidente de Costa Rica, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, el hostigamiento y chantaje a su colega, el médico refugiado colombiano? Son preguntas importantes que las autoridades costarricenses deben absolver.

Intuimos el drama que ha vivido el médico colombiano objeto de tal persecución y su familia, pero nos reconforta saber que las almas sensibles costarricenses, agrupadas en el Comité de Enlace, han brindado la solidaridad efectiva y procedido a realizar las denuncias correspondientes que buscan proteger a los refugiados colombianos –ya hay comunicados tres casos por parte de las organizaciones de derechos humanos- y la defensa del Estado de Derecho y la Democracia costarricense. Porque si hoy es contra los refugiados, mañana será contra su propio pueblo, y el “Pura Vida” orgullo de los ticos irá a pique.

La desesperación del No 82 y las fuerzas militares narcoparamilitares

La desesperación del No 82 y sus fuerzas militares-narcoparamilitares los ha llevado a cometer verdaderos actos criminales, delincuenciales, como realizar el chantaje a un refugiado colombiano para que acepte la propuesta de trabajar como “sapo” para ellos para “ubicar a los miembros de la Comisión Internacional de las FARC”.

El chantaje es un acto criminal. Llevarlo más allá de las fronteras se convierte en un acto delincuencial internacional que debía ser investigado por las autoridades de ambos países. Pero, ¿quién va a llevar a cabo tal investigación si son los dos Estados los que están violentando su propio orden jurídico interno y el derecho internacional?

Demuestra también la impúdica propuesta, la incompetencia de las fuerzas militares-narcoparamilitares del No 82, el actual inquilino de la Casa de Nariño. Tener que recurrir al chantaje para comprometer y reclutar “agentes” a la brava, incluso sin son gentes de izquierda, demuestra una enorme debilidad y una descomunal ineptitud.

Piensan los miembros de la Policía que todas las personas son “comprables”. “El ladrón juzga por su condición”, decía mi abuela. Como ellos tienen un precio, como ellos se tasan por una cantidad determinada, creen que los demás también lo tienen. Ignoran, porque carecen de él, de un valor moral que se llama dignidad. La dignidad de un hombre o una mujer se muestra ante situaciones como la vivida por el médico refugiado colombiano.

Y ese valor moral no se compra a la vuelta de la esquina. No lo venden en las tiendas ni en los supermercados. Es un valor que se va atesorando con los buenos ejemplos de los ancestros y con una vivencia de amor y entrega por los demás. El indigno, se entrega ante la mínima presión. Se vende ante la aberrante y mentirosa propuesta de “continuar viviendo tranquilo”.

Significa también la pretensión del presidente Uribe, el que lleva marcado en la frente, con tinta indeleble, el número 82, de castigar los refugiados colombianos que no son adictos al régimen y, en el mejor de los casos, mediante el chantaje, involucrarlos en la guerra, precisamente la que quisieron dejar atrás al abandonar Colombia y solicitar refugio en otros países, así como llevar a la práctica su delirante propuesta de llevar la “Seguridad Democrática” al exterior, para lo cual necesita conformar “100 mil” sapos fuera de Colombia.

Ante tal chantaje, quien pierde siempre será el refugiado: Si acepta “trabajar” con la Policía colombiana para ubicar los miembros de la Comisión Internacional de las FARC y logran “cazar” alguno, lógicamente se convierte en enemigo de la insurgencia.

Si no acepta “trabajar” con la Policía colombiana, le montan procesos, publicaciones de prensa y cuanta cosa se les ocurra a su mente criminal y lo más probable es que lo secuestren para llevarlo “ante la justicia colombiana”, o en el peor de los casos, lo asesinan.

Si acepta “trabajar” con la Policía colombiana y capturan guerrilleros, cuando ya les haya dado todos los resultados, cuando ya no les sea “útil”, lo “desecharán”, lo desaparecen o lo asesinan, como siempre hace la Policía colombiana con los “sapos”, ya que el “sapo” es un ser despreciable y no es digno de confianza de nadie.

La Seguridad Democrática

Los reveses internacionales que ha sufrido el que lleva en la frente el No 82, especialmente los dos últimos, con Venezuela y con la Mesa de Donantes reunida en Cartagena, demuestra que pese al apoyo de su amo imperial, Uribe cada día muestra su verdadera faz fascista, y cada vez está más aislado internacionalmente.

Su Seguridad Democrática, ahora pretende implantársela a los países que han dado refugio a los colombianos, especialmente a aquellos que tienen entre éstos, refugiados de izquierda y de la Unión Patriótica (U.P.).

El chantaje, el hostigamiento, la persecución de un médico refugiado en Costa Rica, debe alertar a la comunidad internacional, especialmente los países europeos, y servir de muestra del Terrorismo de Estado, en su variante fascista, del gobierno de Uribe Vélez, que hace recordar en éstos días los crímenes cometidos por Hitler.

Hoy, como ayer, el fascismo no pasará!!!