Bolivianos contra bolivianos se enfrentan en Cochabamba y La Paz; Santa Cruz se convierte en un campo de batalla; los tarijeños también quieren autonomía y el díalogo Mesa-Evo se rompe
La sociedad boliviana se fragmenta día que pasa


Actualizado el 10-03-2005

Redacción Bolpress
Este jueves se enfrentaron bolivianos contra bolivianos en La Paz y Cochabamba; en Santa Cruz los transportistas combatieron a la Policía; luego de una multitudinaria movilización en Tarija se conformó un comité pre autonómico, siguiendo los pasos autonomistas de Santa Cruz, y en la sede de gobierno se quebró el primer intento de diálogo entre el gobierno y los sectores sociales movilizados.
La crisis política y social en Bolivia parece tocar fondo. La convocatoria del Presidente Carlos Mesa a una movilización ciudadana contra el bloqueo como método de protesta polarizó aún más a la sociedad y derivó en enfrentamientos verbales entre ciudadanos partidarios del gobierno y simpatizantes de Evo Morales y de los movimientos sociales. El encontronazo entre ambos grupos no pasó a mayores gracias a la labor de la Policía.

En Cochabamba, la movilización convocada por el Presidente tuvo que ser postergada hasta la tarde debido a que la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales había llamado a sus bases a movilizarse al mediodía.

En el oriente, las calles de Santa Cruz se convirtieron en un verdadero campo de batalla por segundo día consecutivo. Choferes armados con palos y hondas se enfrentaron a la Policía y tres motocicletas del PAC fueron quedamas por los los enardecidos conductores que intentaban recuperar sus vehículos incautados en la víspera. Como saldo de la batalla campal varias personas resultaron heridas.

Los conductores que prestan el servicio público intentan aumentar el precio del pasaje de transporte de 1,50 a 1,80 bolivianos, luego de que el gobierno subiera el precio de los principales combustibles. El violento enfrentamiento se registró esta mañana en la zona del Abasto.

La Confederación de Choferes convocará a un paro nacional de 24 horas a cumplirse el lunes o martes de la siguiente semana para expresar su rechazo a la violenta acción policial contra transportistas. "No nos van a callar, la Policía debe saber que no nos vamos a quedar de brazos cruzados en la próxima movilización", advirtió el lider del sector Angel Villacorta, quien amenazó con integrarse al Pacto Social integrado por campesinos, indígenas y otros sindicatos afiliados a la COB.

Se rompe el diálogo

Después de cuatro horas de intensa discusión en Palacio, se tompió el diálogo entre el Presidente Mesa, el jefe el MAS Evo Morales, el líder de la COB, Jaime Solares, y otros dirigentes del sector laboral. "Hay intentrasigencia en el Ejecutivo, que demuestra una actitud servil para con las transnacionales del petróleo. No estamos pidiendo confiscación de las empresas, es importante tener socios, pero ese socio debe aportar 50% de lo que gana con los hidrocarburos bolivianos. Pero el Presidente no quiere atender ese pedido", declaró Morales al finalizar el truncado encuentro.

"No estamos peleando por algunos grupos, se trata de una reivindicación del pueblo, no es posible que Mesa no acepte 50% de regalías del negocio energético. Son 750 millones año que se recaudarían, actualmente sólo se consigue 150 millones de dólares. El movimiento campesino no pelea por tonto o por flojo, se ha levantado para que el gas sea el futuro de los bolivianos. Pero como el gobierno es intransigente, las movilizaciones continuarán", advirtió el líder cocalero en compañía del líder de la COB.

Cada día hay más bloqueos

La criminalización y satanización de la protesta social y la amenaza de cárcel contra quienes participen en bloqueos de caminos causaron una reacción negativa en los diversos movimientos que continúan aumentando el número de piquetes encargados de cortar carreteras y caminos.

Esta mañana, la avenida Blanco Galindo de Cochabamba (altura del río Huayculli) fue cerrada por regantes y campesinos, cortando de esta manera la comunicación hacia Oruro y La Paz. Pese a la presencia policial, las zonas de Sayari y Pongo aún se encuentran bloqueadas y todo el Trópico Cochabambino –desde Colomi a Bulo Bulo- tiene más de 60 puntos de bloqueo.

A las medidas de presión de Yapacaní se sumó la población de Santa Rosa en Santa Cruz. Pobladores de ambas regiones demandan al gobierno la aprobación del 50 por ciento de regalías hidrocarburíferas. En tanto, diferentes poblaciones de Potosí siguen bloqueadas, cortando la comunicación con Tarija y Sucre.

La zona de Senkata y Río Seco en El Alto de La Paz también continúan cerradas y en la región de Ayo Ayo y Achacachi empezaron los bloqueos relámpago.

El presidente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), Moisés Torres, declaró que Carlos Mesa, por defender los intereses de las transnacionales, de los empresarios y de la megacoalición, quiere seguir los pasos del presidente derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada. "Al gobierno de Mesa debemos decirle que ya no son tiempos de dictadura para que trate de amedrentar a los movimientos sociales; si quiere detener a los dirigentes que lo haga, no hay miedo", afirmó.

El Poder Ejecutivo solicitó a la Fiscalía General de la República que inicie acciones penales contra quienes participen en los bloqueos. El Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos condenaron la violación a los derechos y deberes consagrados en la Constitución y alertaron que el gobierno de Mesa comete los mismos errores que Goni antes de su caída.

Las demandas del Pacto de Unidad en alianza con todos los movimientos sociales están centradas en la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con el 50 por ciento de regalías y respetando los derechos de los pueblos indígenas y originarios; la inmediata aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, el rechazo al TLC y a la inmunidad de los súbditos norteamericanos y la expulsión inmediata y definitiva de Aguas del Illimani, subsidiaria de la transnacional Suez.

Las autoridades consideran que las movilizaciones anti bloqueos de este jueves les autorizan a usar la fuerza, pero el gobierno no modificará su política de diálogo para resolver los conflictos, indicó el ministro de Gobierno, Saúl Lara. "El pedido de mano dura hasta nos obliga usar la fuerza, pero creo que hay que entender que en el marco del Estado de derecho estamos trabajando por privilegiar el diálogo", aseguró.

Lara precisó que quienes quieren alimentar los focos de tensión deben reflexionar sobre el clamor de los bolivianos que este jueves dijeron no a los bloqueos, al ultimátum y al "chantaje".