Washington- El gobierno del presidente George W. Bush decidió el retiro de Estados Unidos del protocolo de la Convención de Viena sobre derechos consulares, un duro golpe a los inmigrantes, informa hoy el diario The Washington Post.

De acuerdo con el rotativo, la Administración Bush abandonó así el protocolo opcional que desde 1963 permite a los detenidos en el extranjero tener acceso a las autoridades consulares de su país, una práctica muy utilizada sobre todo en los condenados a la pena de muerte.

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, informó el 7 de marzo al secretario general de la ONU, Kofi Annan, de la decisión de "retirarse a partir de ahora" del protocolo, indicaron funcionarios al Post.

Paradójicamente, el acuerdo había sido propuesto en 1963 por Washington, y ratificado en 1969 con la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, cuyo protocolo opcional da acceso a la Corte Penal Internacional (CPI) cuando a un prisionero se le niega el derecho a ver a un diplomático de su país.

Un funcionario norteamericano dijo al diario que el retiro de era una maniobra para evitar que acciones futuras de la CPI tengan incidencia en el sistema penal de Estados Unidos, como ha ocurrido con casos de inmigrantes mexicanos condenados a la pena capital.

En febrero último Washington acató un dictamen de la Corte, según el cual las autoridades estadounidenses deberían revisar 51 expedientes de mexicanos condenados, a quienes no se les dio el derecho a hablar con representantes de su consulado cuando fueron detenidos.

La noticia aflora este jueves, cuando Rice debe reunirse en México con el presidente Vicente Fox, con una agenda centrada en el encuentro trilateral Estados Unidos-México-Canadá, previsto para el próximo 23 de marzo en Texas.

No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó que en la visita de siete horas la jefa de la diplomacia norteamericana también abordará temas de migración, en los cuales la retirada del protocolo de Viena puede dejar un mal sabor.

Por otra parte, la decisión de Washington sepulta mucho más las esperanzas de los cientos de prisioneros que Estados Unidos mantiene en cárceles en ultramar, acusados de "combatientes enemigos", término utilizado por la Casa Blanca para privarlos de toda asistencia legal.

Sólo en la Base Naval de Guantánamo parmanecen más de 500 personas, detenidas a raíz de la invasión estadounidense a Afganistán a fines de 2001, sin que hayan sido presentados cargos en su contra y privadas de respaldo consular.

En ese enclave, territorio cubano ocupado en contra de la voluntad de las autoridades de la isla, los reos son sometidos a torturas y otros vejámenes prohibidos por las leyes internacionales, han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos.