Los propietarios o presuntos dueños de los hatos Piñero, Paraima, Los Cocos y El Frío tendrán 15 días a partir de este 3 de marzo para ponerse a derecho y demostrar qué acciones están tomando para revertir la violación de derechos humanos así como los daños ambientales que ocurren en esos fundos.

El presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), Eliézer Otaiza, al referirse a este caso aclaró que en los predios agrícolas anteriormente señalados hay comunidades “que viven secuestradas”, que para poder entrar y salir deben contar con la autorización de los supuestos propietarios.

Los hatos Piñero y Paraima están ubicados en el estado Cojedes, mientras que Los Cocos y El Frío quedan en Apure. A sus supuestos propietarios también se les abrió un proceso de investigación para determinar la verdadera titularidad de esos terrenos y comprobar la explotación humana y ambiental.

Precisó Otaiza que a estos ciudadanos se les paga menos del salario mínimo, se les cobra la comida, la habitación, el uso a la silla del caballo, el doble del costo de los productos alimenticios, entre otras irregularidades, lo que le hace pensar que confrontan “una situación dantesca”.

Ellos no gozan de ningún tipo de ayuda social ni médica; les permiten sembrar para su beneficio familiar en un área menor a 100 metros cuadrados, con el que apenas pueden subsistir, comentó. Para Otaiza eso viola los derechos humanos y muchas de las normativas internacionales referentes a las condiciones laborales, humanas, políticas y culturales.

En el caso específico del Hato Piñero denunció que en este sitio se están causando daños importantes al ambiente. Allí se hace explotación minera, desviación ilegal de cursos de agua que dañan los humedales, así como se comprobó la existencia de fauna prohibida en el país.

Indicó que el centro de investigación que opera en este fundo no funciona como tal. Apenas va uno que otro tesista pasa un tiempo allí, investigamos sobre las publicaciones, pero no existe ningún convenio con universidad alguna para validar dichos estudios.

Para el presidente del Inti, las medidas cautelares a tomar estarán bajo la competencia del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), Fiscalía General y Guardería Ambiental, instituciones que deberán asumir responsabilidades tanto en los aspectos éticos, morales como civiles.

Denunció que las personas propietarias de estos hatos son muy poderosas y cuentan con amigos que ocupan cargos importantes “que viven presionando para que cedamos ante esta situación y no lleguemos a las últimas consecuencias”.

El Inti tiene varios procedimientos abiertos en otros hatos ubicados en los estados Carabobo, Yaracuy, Lara, Zulia y Barinas, los cuales están siendo evaluados tal y como lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.