La Paz, 20 Feb. (ABN).- La Corte Suprema de Bolivia solicitó este domingo a la Fiscalía General para que presente acusación formal contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, imputado de genocidio y otros delitos, junto a ex ministros de su gobierno.

El máximo tribunal hizo el emplazamiento en un dictamen de alcances confusos sobre el pedido del Ministerio Público, de luz verde para un cronograma de interrogatorios de los acusados y de altos jefes militares involucrados, dice Prensa Latina.

La Corte autorizó que los acusados y los militares sean notificados de la causa en curso, pero sostuvo que solamente podrán ser interrogados luego de presentarse la acusación formal.

También difirió el congelamiento de bienes de los acusados, como garantía para eventuales indemnizaciones en favor del Estado y los familiares de 67 muertos en la represión militar de la rebelión social que en octubre de 2003 obligó a renunciar a Sánchez de Lozada.

El juicio se debe a esa matanza y el dictamen del máximo tribunal dejó en suspenso un cronograma de declaraciones que el fiscal general, Pedro Gareca, tenía previsto iniciar mañana lunes, para fundamentar la acusación y presentarla dentro de un mes.

En la jornada del lunes, Gareca se proponía interrogar al jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, quien en octubre de 2003 era titular de la Armada y es señalado como uno de los mandos de las operaciones represivas.

También para mañana están citados el entonces jefe de las Fuerzas Amadas, general Roberto Claros, y los ex titulares del Ejército, Juan Véliz y la Fuerza Aérea, José Quiroga.

En cuanto a los militares, la Corte Suprema decidió diferir para después de la acusación formal, su respuesta al pedido del Ministerio Público, de revocar el carácter de secreto militar que los mandos castrenses han dado a su actuación en la matanza de 2003, para negarse a informar al respecto a los tribunales.

La comparecencia de los ex ministros están previstas para comenzar este miércoles, sin haberse fijado fecha para la presentación del principal reo, Sánchez de Lozada, por encontrarse en Estados Unidos, donde viajó tras su dimisión.

También en encuentran en el exterior sus ex titulares de Defensa, Carlos Sánchez -sindicado como hombre fuerte del pasado régimen-; Salud, Javier Torres e Hidrocarburos, Jorge Berindoague.

En cuando al congelamiento de bienes, el fiscal Gareca declaró, sin más comentarios sobre el dictamen de la Corte Suprema, que esa medida se mantiene, por estar dirigida a cautelar los intereses del Estado y los perjudicados.

Argumentó que la determinación del máximo tribunal solamente entrará en vigencia cinco días después de culminar el trámite de "anotación de bienes" -prohibición de traspaso a terceros- que todavía continúa.

La inmovilización de las propiedades de los reos, y sobre todo las del acaudalado Sánchez de Lozada, fue reclamada por organizaciones sociales y humanitarias que acusaron al Ministerio Público de haber demorado la decisión.

Los reproches se deben al reciente anuncio de que el ex mandatario vendió su principal empresa, la Compañía Minera del Sur (Comsur), la más grande del país en 220 millones de dólares, al parecer con el fin de evitar su embargo para las indemnizaciones de ley, en caso que fuera declarado culpable en el juicio.

El Ministerio Público tiene previsto por otra parte enviar un pliego de interrogantes al jefe de Estado actual, Carlos Mesa, teniendo en cuenta que fue vicepresidente del pasado régimen.

Mesa rompió con el gobierno ante la represión de octubre de 2003, sin renunciar al cargo, desde el cual reemplazó a Sánchez de Lozada.