El pasado año, el Congreso guatemalteco aprobó una ley para compensar a las antiguas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) con unos US$100 millones, pero ahora la máxima instancia judicial del país determinó que este pago es inconstitucional.

Cuatro de los siete magistrados votaron en contra de abonar ese dinero y tres a favor de la compensación.

El diputado opositor Otto Pérez, del Partido Patriota, pidió calma a los ex paramilitares y reclamó al gobierno de Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional, una reunión urgente sobre el tema.

Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que los ex miembros de las PAC no deben ser compensados porque cometieron "graves crímenes".

Estos alegan que fueron forzados a sumarse a las actividades del ejército durante la guerra civil de 1960 a 1996.

Uno de los dirigentes de los ex paramilitares, Felipe Yaxón, dijo que ya están cansados de "engaños" y que el dictamen de la Corte de Constitucionalidad es una "maniobra política".