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El Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM) ha elaborado un Informe titulado “Desmovilización paramilitar en Colombia: la comunidad internacional en la encrucijada”. En él se recomienda al Gobierno español que, para avanzar en su política de paz y derechos humanos, debe orientar su asistencia a abordar las causas profundas del conflicto armado interno que vive Colombia y suspender la venta de armas a este país.
El Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM) ha elaborado un Informe titulado “Desmovilización paramilitar en Colombia: la comunidad internacional en la encrucijada”. El Informe apunta las principales carencias del proceso de desmovilización y las recomendaciones que el CIP hace a la comunidad internacional, a la Unión Europea y, en particular, al Gobierno español, de cara a evitar la impunidad en la que podría culminar el proceso de desmovilización.
El Gobierno de Álvaro Uribe negocia desde hace dos años la desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares. Los indicios de impunidad en que podría desembocar el proceso para responsables de crímenes atroces han generado críticas por parte de la sociedad civil y cautela de la comunidad internacional.
Las conversaciones de Gobierno y paramilitares se desarrollan con opacidad y falta de información sobre los términos de la negociación, lo que no ayuda a aclarar las dudas que suscita el proceso.
El Ejecutivo de Uribe ha llevado adelante una doble estrategia política para abordar el conflicto armado en el país. Mientras se han intensificado los esfuerzos militares para derrotar a los grupos armados (Plan Patriota) y se han puesto en marcha medidas que limitan los derechos y libertades de la población civil (Política de Seguridad Democrática), se ofrece la negociación a cualquiera de los grupos insurgentes dispuesto a declarar un cese de hostilidades y a abandonar las armas. A pesar de que los paramilitares no han respetado estas condiciones, el Gobierno ha seguido adelante con las negociaciones.
La desmovilización y reinserción de miles de combatientes –unos 15.000 hasta diciembre de 2005-- supone cuantiosos fondos cuya financiación no está asegurada actualmente. El Gobierno colombiano ha convocado una reunión de apoyo internacional que se va a celebrar en Cartagena de Indias a principios de febrero. Esta reunión no sólo persigue respaldo financiero para la desmovilización, sino también apoyo a las políticas desarrolladas hasta ahora. La comunidad internacional puede marcar la diferencia, y dar su apoyo sólo a un proceso que garantice la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Más allá de la desmovilización de los grupos paramilitares, la comunidad internacional debe contemplar su apoyo a Colombia en el marco de un plan integral de paz, orientado a enfrentar las causas profundas del conflicto armado con el fin de promover una paz duradera.
Principales carencias del proceso de desmovilización
- Se ha violado el cese de hostilidades declarado por los paramilitares, condición exigida por el Gobierno para negociar. La Comisión Colombiana de Juristas ha documentado 1900 muertes o desapariciones hasta septiembre de 2004. Es preocupante que no se haya iniciado una investigación oficial de estos casos o haya existido una respuesta del Gobierno acorde en la mesa de negociación.
- No se ha aprobado un marco legal para las desmovilizaciones que se ajuste a las normas jurídicas internacionales con las que está comprometido el país. Las propuestas de ley presentadas por el Gobierno hasta ahora suponían dar impunidad a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no contemplaban los derechos de las víctimas, ni la devolución de las tierras y bienes apropiados ilegalmente por los paramilitares, ni el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades. La nueva propuesta del Gobierno que se presentará a la comunidad internacional en la reunión de Cartagena es probable que siga las mismas líneas de propuestas anteriores.
- Se han realizado desmovilizaciones en ausencia de marco legal específico y con mínima investigación judicial antes de la reinserción en la sociedad. Esto ha generado una impunidad de hecho. Tampoco se han puesto en marcha medidas para impedir que los excombatientes reingresen en el conflicto armado y la violencia. El caso de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de Medellín muestra el fracaso de este modelo.
- Las negociaciones han eludido las fuertes implicaciones de los jefes paramilitares con el narcotráfico y la presencia de capos de la droga como interlocutores del Gobierno.
- Los lazos entre paramilitares y fuerzas armadas colombianas plantea la responsabilidad –como mínimo subsidiaria-- del Estado en la creación y actuaciones de estos grupos.
Recomendaciones
A la comunidad internacional
1. Evaluar con cuidado el apoyo que se presta al Gobierno de Colombia en este proceso, a fin de no avalar la impunidad ni otro tipo de prácticas no conformes con el derecho internacional. Toda asistencia a Colombia debe ser consistente con sus políticas de apoyo a la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. El deseo de paz debe estar en consonancia con la necesidad de justicia, base de una paz duradera.
2. Instar al Gobierno de Colombia a aprobar cuanto antes un marco legal que respete las obligaciones internacionales del Estado y garantice los derechos de las víctimas, con justicia; fije penas conforme a la gravedad del delito; se esclarezca la verdad, tanto judicial como histórica; se procure reparación física, económica, moral, individual y colectiva para las víctimas; establezca mecanismos para la devolución de los bienes de los desmovilizados apropiados de forma ilegal. Debe tratarse de un marco jurídico integral para cualquiera de los actores armados.
3. Exigir al Gobierno de Colombia plenas garantías para hacer que los paramilitares respeten el cese de hostilidades. En paralelo, instar a la misión de la OEA a la urgente verificación de las violaciones.
4. Condicionar su apoyo a la presentación por parte del Gobierno de una estrategia de desmovilización, desarme y reinserción de ex combatientes, con garantías de que los desmovilizados no vuelven a integrarse en grupos armados y donde se cuantifiquen los costes y qué parte se espera aporte la comunidad internacional.
5. Promover la investigación y hacer pública la organización intelectual del sistema que creó, amparó y financió el paramilitarismo. Igualmente, exigir al Gobierno de Colombia cortar cualquier lazo entre elementos del Estado y grupos paramilitares, y juzgar a los responsables de colaborar con esos grupos ilegales.
6. Dar acompañamiento internacional en la desarticulación de las estructuras de control de los grupos paramilitares.
7. Instar al Gobierno de Colombia a la retirada de la cláusula de reserva a la Corte Penal Internacional, a fin de darle la capacidad de actuar frente a crímenes de guerra.
A la Unión Europea
Además de las dirigidas a la comunidad internacional y una vez cumplidas estas condiciones, la UE debe apoyar al Gobierno de Colombia en las diferentes fases encaminadas a la adopción de una estrategia integral de paz, dando apoyo político en el diálogo con otros actores armados y acuerdos humanitarios, y respaldo a los buenos oficios u otras funciones de Naciones Unidas en el conflicto armado.
3. Impulso a un proceso de paz amplio, que promueva reformas económicas, sociales y políticas, con especial énfasis en el fortalecimiento institucional, del aparato judicial y de las instituciones regionales y locales, a fin de avanzar en el desmonte del paramilitarismo, apoyo al buen gobierno y el Estado de derecho. Igualmente, debe contemplar medidas que aborden la erradicación del narcotráfico y ampliar los programas de desarrollo alternativo.
Al Gobierno de España
1. Además de las recomendaciones realizadas a la Unión Europea, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debe cuidar que su asistencia a Colombia sea coherente con sus propuestas de multilateralismo, respeto a los derechos humanos y lucha contra la pobreza. Esto es especialmente importante en el caso de Latinoamérica, que, además de ser prioridad de la agenda exterior española, se pretende que sea un aliado en las políticas de multilateralismo y la “Alianza de Civilizaciones”.
2. Para avanzar en su política de paz y derechos humanos, el Gobierno de España debe orientar su asistencia a abordar las causas profundas del conflicto armado interno que vive Colombia y suspender la venta de armas a este país.
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