Washington- Una jueza de Washington sentenció que las cortes marciales creadas para determinar la condición de terroristas de los prisioneros en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, son inconstitucionales.

Esos juicios militares no satisfacen los principios del debido proceso requeridos para casos de este calibre, dictaminó este lunes la jueza Joyce Hens Green, en un fallo que dejó mal parados al Departamento (ministerio) de Defensa y a todo el gobierno de George W. Bush.

La sentencia, que seguramente será objeto de una apelación gubernamental, deja en tela de juicio la amplitud de las potestades reivindicadas por el Poder Ejecutivo para conducir su ”guerra contra el terrorismo”.

Cientos de supuestos combatientes islámicos detenidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y Pakistán en 2001 están encerrados en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo sin explicaciones ni acceso a abogados ni a sus familiares.

Las condiciones de detención y las técnicas de interrogatorio aplicadas por funcionarios del Pentágono en Guantánamo, así como en prisiones instaladas en Afganistán e Iraq, han sido cuestionadas incluso por funcionarios del gobierno estadounidense.

Según las Convenciones de Ginebra, los prisioneros de guerra pueden invocar la condición de tales ante un tribunal independiente. Pero el gobierno de Bush decidió a comienzos de 2002 que los detenidos en Guantánamo no son prisioneros de guerra.

En diversos estrados judiciales, el gobierno argumentó también que los tribunales federales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre la base de Guantánamo porque no se encuentra en territorio de Estados Unidos.

La sentencia emitida este lunes por Green, según el abogado de uno de los prisioneros, ”envía al mundo un esperanzado mensaje” según el cual ”las instituciones democráticas funcionan para garantizar la preservación de la justicia” a pesar de ”la continua negativa del gobierno a admitir la ilegalidad de su comportamiento”.

De ser confirmada en la apelación prevista, la decisión de Green será un golpe mortal para los órganos jurisdiccionales instituidos por el Pentágono, denominados Tribunales para la Revisión del Estatus de Combatiente (CSRT, por sus siglas en inglés).

Estas cortes marciales, que realizaron audiencias para determinar la situación de unos 550 detenidos, se crearon luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara en junio que los ”combatientes enemigos” tenían derecho a cuestionar tal condición ante un tribunal independiente.

”Sería mucho más fácil para el gobierno actuar en la guerra contra el terrorismo si pudiera detener en Guantánamo a todos los sospechosos de 'combatientes enemigos' sin reconocer ni respetar los derechos constitucionales de los detenidos”, escribió la jueza en su fallo.

”Aunque esta nación deba, sin dudas, tomar acciones fuertes bajo el liderazgo de comandante en jefe para protegerse de amenazas enormes y sin precedentes, eso no puede negar derechos fundamentales más básicos por los que el pueblo de este país ha luchado y muerto durante más de 200 años”, observó Green.