Caracas, 11 Mar. Venpres (Analy Ugas).- El diputado por el Movimiento Quinta República (MVR), Darío Vivas, informó que este miércoles 12 serán consignados ante la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los documentos que forman parte del compendio de pruebas contra los delitos cometidos durante los días 11 y 14 de abril del año pasado, esto con el fin de agilizar las investigaciones a tales hechos.

Así lo señaló durante la realización del foro "Contra el fascismo, la verdad hará justicia" que se llevó a cabo este martes en la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño.

Vivas destacó que los documentos serán entregados por familiares de las víctimas, agrupados en la Organización No Gubernamental Asovic (www.asovic.org), quienes serán acompañados por miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) encargada de esclarecer los hechos del 11 de abril del 2002.

Dijo que los informes se entregarán con la finalidad de exigir a estas instituciones "tomar cartas en el asunto y pedir a los tribunales competentes terminen de cumplir con la investigación ordenada por la Fiscalía General de la República. Esta indagación tiene que profundizarse porque hasta ahora no se presentan resultados concretos", explicó.

En cuanto a la realización del foro contra el fascismo, el diputado del MVR expresó que con esto se da inicio a una jornada de presentaciones que culminarán con un evento a realizarse entre 11 al 14 de abril próximo el cual se llamará "Foro Social Bolivariano."

Agregó que durante dichas jornadas -se extenderá por un mes- se hará un análisis de los sucesos del 11 al 14 de abril del año 2002. "Cómo se venían violando los derechos humanos en Venezuela y cuáles son los elementos contemplados en la Carta Magna que motivaron al pueblo defenderla", dijo.

Asimismo, Vivas denunció que la Cámara Venezolana de Aseguradoras "no ha querido indemnizar ni honrar el compromiso de pago de los negocios que fueron afectados producto del saqueo del pasado abril. Vamos a pasar este caso a los tribunales en función de exigirles la cancelación a los comerciantes".