Ampliar imagen        Mujeres rusas lanzan consignas en una manifestación de pensionados y jubilados, ayer en San Petersburgo, Rusia

Pensionados rusos, que protestan en San Petersburgo en defensa de sus beneficios sociales suprimidos, instalaron ayer en un cruce de calles pequeñas tiendas de campaña de color naranja, símbolo de las protestas populares en Ucrania.

   Los jubilados cortaron el tráfico en el cruce de la céntrica avenida Nevski con la calle Sadóvaya y colocaron en las vías de tranvía cinco tiendas de campaña de juguete, todas de color naranja, informó la agencia Interfax desde la antigua capital de los zares.

   “La 'revolución naranja' ha llegado a Petersburgo (...) Estaremos aquí hasta que nos devuelvan nuestros privilegios sociales”, dijeron al corresponsal de la agencia los participantes en la protesta no autorizada, que proseguía ayer por tercer día consecutivo.

   Al igual que miles de otros jubilados y veteranos de guerra por todo el país, esos ancianos protestan contra una nueva ley que acaba de sustituir los beneficios sociales para los más pobres heredados de la época soviética por exiguos subsidios en metálico.

   Una avalancha de tales protestas de jubilados en defensa de sus beneficios sociales suprimidos sacudió toda Rusia esta semana en la primera muestra del descontento popular con la política del presidente Vladímir Putin.

   “¡Putin: Los pensionistas no somos perros!”, rezaba una pancarta esgrimida por los manifestantes reunidos ante el Palacio Smolny, sede del ayuntamiento de San Petersburgo, en espera del jefe del Kremlin, quien recibía al presidente alemán, Horst Koehler.

   El caso es que muchos agentes comparten los sentimientos de los manifestantes, pues ellos mismos y los militares fueron privados del derecho al transporte gratuito.

   Los pensionistas desesperados denuncian que en vez del derecho al transporte gratuito ahora reciben “compensaciones” en metálico de 50 a 250 rublos (2 ó 10 dólares) mensuales, que alcanzan para unos viajes y muchas veces ni siquiera se pagan por la grave escasez de fondos.

   La medida afecta a desvalidos, madres solteras, familias numerosas, veteranos de guerra, víctimas de catástrofes y otras categorías de los 30 millones de habitantes que viven por debajo del nivel oficial de pobreza.

EFE