El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez a la salida del evento Justicia y Seguridad Ciudadana, realizado en la sede el TSJ, garantizó que mientras él se encuentre al frente del Ministerio Público no habrá ninguna inherencia política en la conducción de cualquier investigación que se adelante contra el gobierno o contra la oposición.

Indicó que está consciente de que hay diversos criterios en cuanto a la imparcialidad de la Fiscalía y que, incluso, el propio Gobierno no la percibe como imparcial en algunos casos, tal como ha ocurrido en investigaciones de hechos como los ocurridos el 12 de noviembre en la Plaza Bolívar y el 3 de enero en Los Próceres.

"El problema está en que una vez realizada la investigación siempre se va a correr el riesgo de que se nos juzgue de acuerdo con el lente con que cada quien quiera ver el trabajo de la Fiscalía", dijo.

Añadió el Fiscal General que el Ministerio Público nunca presentará en una audiencia pública hechos distintos a los que tengamos en nuestra propia investigación. No podemos invocar los dichos de un tercero, aunque sea el Presidente de la República, porque debemos comprobar lo que estamos señalando como responsabilidades.

Atentados a las Embajadas

El Fiscal General informó que sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por los atentados sufridos en la sede de las embajadas de Colombia y España, El Ministerio Público no tiene información no tiene información sobre la existencia de supuestas fotografías de los implicados, ni conoce de las existencia de las mismas.

En cuanto al tiempo que podría estimarse para obtener resultados en esta investigación, indicó que todas las investigaciones son distintas y que en este caso se requiere de un complejo trabajo para determinar, por ejemplo, el tipo de elementos químicos con los cuáles trabajaron, cómo se hizo la operación, qué experticias pueden determinar los funcionarios de investigación policial sobre los hechos, para luego analizarlas con los fiscales y poder llegar a una conclusión.

El fiscal señaló que este tipo de informaciones son parte de la reserva de la investigación que el COPP le da los fiscales. A las actas del Ministerio Público sólo tienen acceso los fiscales.

No negó Isaías Rodríguez la posibilidad de cooperación de expertos extranjeros, pero recalcó que tenemos unas policías de investigación que, de acuerdo con la Ley, son las encargadas de llevar adelante las investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, y por lo pronto, la Ley no nos obliga a buscar una investigación externa.

Sin embargo, expresó que hay hechos en los cuales se pudiera, a través de Interpol, coordinar investigaciones comunes, como se ha hecho en otras ocasiones.

En relación con la presencia de un grupo de personas en las adyacencias de la sede de PDVSA, en la Campiña, considera que tanto esta situación como la de Altamira son irregulares.

Apuntó que, de acuerdo con informaciones publicadas por los medios de comunicación impresa, se está esperando una orden para que se desmantele la toma que se mantiene en la zona de La Campiña.

El Fiscal General aclaró que en relación con el caso de Altamira no hay ninguna obstaculización por parte del Ministerio Público. Informó que ya se concluyeron tanto las experticias antropométricas como las pruebas psiquiátricas que se practicaron a Joao de Gouveia.

Resaltó que lo que ha ocurrido es que la defensa solicitó que hasta tanto estas experticias no fueran concluidas, no se realizara la audiencia en los Tribunales, pues son parte de lo que los defensores usarían como argumentos en el acto correspondiente.

-Si esa experticia determina que Gouveia tiene problemas mentales, ¿el Ministerio Público estaría de acuerdo en declararlo inimputable.

-En todo caso esta es una conclusión a la cual llegan los propios fiscales de la investigación y no me corresponde adelantar criterio porque formará parte de la audiencia correspondiente, pero sería bastante complejo que una persona de tan alta peligrosidad pudiera estar en libertad. Habría que ver cuáles son las recomendaciones que hacen los científicos y expertos en la materia.

Sobre la querella interpuesta el pasado viernes contra el general Carlos Alfonso Martínez, el Fiscal General explicó que se trata de un antejuicio de mérito y no de un juicio. Es una solicitud de autorización para ver si procede o no a un juicio en contra del general Alfonso Martínez.

En este sentido destacó que los tres presuntos delitos imputados son: instigación a la rebelión, contemplado en artículo 164 con el 144 del Código Penal; incumplimiento al régimen especial a zonas de seguridad, previsto en el artículo 56 de la ley Orgánica de Seguridad de la Nación; y el abandono de comando, contemplado en el 534 del Código de Justicia Militar.

Aclaró que en este caso hay una circunstancia especial que es la flagrancia e hizo referencia a una comunicación que, de acuerdo al artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permitió que la flagrancia fuera decretada y, en segundo lugar, determinó la ineficacia jurídica del habeas corpus interpuesto ante el Juzgado 18 de Control de Caracas.

En cuanto a la solicitud de un antejuicio de mérito en su contra, el fiscal Isaías Rodríguez dijo que todos los que ostentan un cargo con tal responsabilidad, están expuestos no sólo a los antejuicios sino a los juicios de opinión que se emiten sobre sus gestiones.

En todo caso, destacó que tiene la conciencia tranquila, la serenidad necesaria para afrontar estos hechos, y no caerá en provocaciones innecesarias.

"Responderé con hechos y actos. No quiero aludir con ninguna respuesta o implicación las imputaciones que se me pretenden hacer públicamente".

No obstante, en lo que respecta al presunto incumplimiento de sus labores, fue enfático al señalar que en su opinión pudieran obviar este antejuicio, si la solicitud se fundamenta en las investigaciones del FIEM.

Indicó que las investigaciones en este caso están bastante adelantadas y que incluso el 27 de febrero de este año se presentó al Ministerio Público una experticia realizada por tres profesores universitarios, que fueron seleccionados de un conjunto de expertos que participaron del proceso.

Indicó que en ese caso, en primer lugar, hubo que solicitar un conjunto de diligencias, entre las que destacan experticias financieras encomendadas al Fondo Único Social (FUS), a la Presidencia de PDVSA, a la Oficina Nacional del Tesoro, a las Oficinas del BCV, al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Energía y Minas y otras tantas que se requirieron a otros organismos. Dichas experticias se entregaron a tres expertos de universidades nacionales.

Señaló que el día 27 de febrero los tres expertos presentaron sus conclusiones a los fiscales que llevan el caso y, en este momento, se está trabajando con un consultor técnico para tratar de correlacionar lo que está en las experticias con los hechos que han formado parte de la investigación a fin de determinar los posibles delitos e imputados.

Sobre las supuestas irregularidades existentes en los procesos que se siguen contra algunos ex gerentes de PDVSA y contra Carlos Ortega y Carlos Fernández, manifestó que hasta este momento no ha habido ninguna irregularidad en el proceso de distribución.

En el caso de los presidentes de la CTV y de Fedecámaras, destacó que se cumplió fielmente el proceso de distribución, mientras que en los otros casos se actuó conforme al procedimiento establecido en las resoluciones correspondientes. "No se trata de moda o de alterar procedimientos, en todos los casos cada quien tiene su propia manera de hacer llegar el expediente al proceso de distribución sin violentar las normas", puntualizó.

Al ser consultado sobre la decisión tomada por la Fiscalía de pedir la revocatoria de la medida de casa por cárcel dictada a favor de Carlos Fernández, señaló que cada fiscal es independiente al tomar sus decisiones y realmente en este caso pudiera existir la presunción del peligro de fuga. En otras oportunidades se ha hecho y no ha suscitado tanto escándalo", añadió.

"La situación que está planteada en este momento está relacionada con hechos que todos vimos y conocemos y las decisiones son el resultado de un análisis jurídico de los hechos y su concreción en un tipo penal que el fiscal precalifica y que, posteriormente, van a ser controlados por el órgano jurisdiccional competente", dijo.

-¿Qué puede decir de la credibilidad de las investigaciones en el caso de la gente del petróleo cuando no se han podido librar algunas órdenes de captura por que no se conoce ni la cédula y la dirección del presunto implicado.

-En esas investigaciones ?respondió Rodríguez- el fiscal tiene el cuidado de tomar todos los datos necesarios para proceder a hacer las precalificaciones correspondientes. En todos estos casos lo que se ha hecho es solicitar una audiencia de presentación para que las personas comparezcan y ejerzan su derecho a la defensa. Si se abre una investigación y las personas no comparecen, no puede detenerse el proceso y se hacen las solicitudes necesarias para que el tribunal garantice las declaraciones.

El fiscal Rodríguez señaló que en el caso de la gente del petróleo se trató de que el juicio tuviera cubiertas todas las posibilidades del debido proceso. Se trató de que las personas comparecieran al tribunal a declarar e, incluso, la defensa trató de concretarlo ante otro tribunal.

"Nosotros no estamos, entonces, ni violentado ni haciendo ningún esfuerzo para que violente el debido proceso".

En cuanto a los supuestas implicaciones de la gente del petróleo con los daños ocasiones a algunas instalaciones y bienes de PDVSA, Isaías Rodríguez señaló que el fiscal que lleva la causa tiene más de 250 evidencias sobre estos hechos que serán presentadas en la audiencia correspondiente para demostrar la relación entre la responsabilidad de los involucrados y los hechos que puedan invocarse como elementos de convicción.

Asimismo, expresó que no tiene ninguna duda en cuanto a que las investigaciones adelantadas por los fiscales están bien fundamentadas y corresponderá a los órganos jurisdiccionales dirimir esta situación.