Los abogados Juan Martín Echeverría, hijo, y Carlos Sanz, apelaron de la decisión de la jueza 50° de control, mediante la cual se les negó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en contra de los siete ex gerentes de Pdvsa.
La jueza, Belkys Cedeño, dictó medida privativa de libertad contra los ex ejecutivos Juan Fernández, Gonzalo Feijóo, Lino Carrillo, Mireya Ripanti, Edgar Quijano, Juan Santana y Horacio Medina, a solicitud del fiscal José Benigno Rojas, por rebelión civil, agavillamiento, instigación a delinquir y suspensión del suministro de energía o gas.
Los defensores denuncian violación del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el juez natural, y el hecho anómalo de que la distribución del escrito del fiscal se hizo de noche para que estuviera de guardia un juez afecto al proceso.
También impugnan la petición de esa “audiencia para imputar” que, afirman, no existe en el Copp ni en ninguna otra disposición legal.
Pero, lo fundamental, dicen, es que el mismo fiscal solicitó antes al juzgado 13° de control, nombrar peritos en el caso y, sabiendo que ese tribunal previno, pidió la audiencia al 50°.
La Sala de Apelaciones en el caso de Carlos Fernández estableció que, como había prevenido el juzgado 1° de control, el 34° no debió conocer, y le quitó el caso, lo que deberá ocurrir de nuevo ahora, dijeron los abogados.
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