Lameda, ex director de Petróleos de Venezuela, tuvo cinco meses para aceitar el golpe

STELLA CALLONIENVIADA

Caracas, 25 de septiembre. Aunque la sombra del golpismo que envuelve a Venezuela no parece desvanecerse, el avance del proceso encabezado por el presidente Hugo Chávez y el debate sobre las razones múltiples que adujeron los golpistas del pasado 11 de abril, está sirviendo para ver las razones reales de ese poder que conforma un eje mediático empresarial con una Coordinaroa Democrática que terminó siendo una calca de las coaliciones diseñadas por Washington tanto en Nicaragua, como en Panamá, en los años 80.

Durante la serie de entrevistas y reuniones que mantuvo La Jornada en Caracas en estos días, quedaron en claro las acciones más profundas del golpe, muchos de cuyos elementos conspirativos están funcionando hoy en la misma dirección: la de golpear otra vez.

Para varios analistas consultados la Constitución aprobada en diciembre de 1999, en favor de las mayorías marginadas y en defensa de la soberanía nacional, desata el odio de una clase alta que disfrutó los encantos de la inmensa renta petrolera, dejando afuera un mundo de marginación y pobreza, cuya realidad subsiste en las alturas de los cerros que rodean la capital y en el interior.

Pero es sólo uno de los desencadenantes, como el tema de las leyes habilitantes, utilizadas todas en favor de mejorar la situación del pueblo pobre y también proveer una modernización necesaria, pero ajustada a las necesidades propias. Sin embargo, lo que nadie puede ocultar es la "conspiración madre" en torno a la riqueza petrolera, agudizada con los anuncios del presidente estadunidense, George W. Bush, sobre la guerra contra Irak.

Un informe especial sobre el tema, realizado por un grupo de analistas que escriben en el semanario venezolano Proceso, señala a los verdaderos actores del "golpe de Estado petrolero", una de cuyas primeras acciones durante el 11 de abril pasado fue suspender, mediante el control computarizado en sus manos, los envíos de petróleo a Cuba, que ahora acaba de restituir el gobierno.

Para estos analistas la conspiración en Petróleos de Venezuela (PDVSA) se aceleró cuando Guaicaipuro Lameda fue nombrado presidente de esta empresa estatal en octubre de 2001. "Ahí se inició un proceso de las fuerzas más reaccionarias amalgamadas internamente en PDVSA", señala el análisis, que reúne una larga lista de los responsables.

Crean "fuerza de choque"

Entre ellos, operadores políticos como Luis Pacheco, a su vez vinculado a otros como Luis Giusti, ex presidente de la petrolera estatal venezolana y nada menos que asesor de energía de Bush, con lo cual se conformó lo que denominan "una fuerza de choque ideológico que comenzó a actuar entre bastidores para conformar corrientes de opinión y de aproximación a entes políticos de emergencia con el objetivo de privatizar PDVSA".

Esto llevó a la ocupación de posiciones claves imponiendo figuras afines a esos grupos tradicionales, los cuales ocuparon lugares estratégicos en la empresa. Los analistas reseñan que en abril y mayo de 2001 ya existía un plan real que tenía como objetivo la privatización de PDVSA y una conspiración para derrocar a Chávez, lo que había convertido a esa institución en "un centro de discusión de acciones internas y externas".

Desde octubre pasado, Lameda cumplió además el papel de acercamiento con el sector militar que participó en el golpe, mientras otros eran los encargados de aceitar los nexos con el sector civil. Los organismos de inteligencia estatales comenzaron a detectar las actividades de Lameda, entre las cuales destacan sus reuniones con Luis Giusti en Washington, con Henry Kissinger en Nueva York, con el ex presidente Carlos Andrés Pérez en Miami y, por supuesto, con el conglomerado empresarial y de medios de comunicación, así como con el llamado Frente Institucional Militar.

En esta actividad también se extendieron las relaciones y el apoyo a los alcaldes de municipios opositores, como Baruta, Carabobo, Chacao y la gran Caracas, en este caso Alfredo Peña, quien comprometió activamente a su poderosa policía metropolitana. Para entender la situación baste mencionar que en Venezuela existe una insólita descentralización de fuerzas policiales y éstas dependen de los alcaldes, lo que hizo posible la confusión en las primeras horas del golpe y mentir sobre de qué lado salieron los disparos.

Y también es el símbolo de algo visible en el país, que evidencia el desorden institucional dejado por los partidos tradicionales, en un esquema de anarquía que administraron muy bien en su favor. Las acciones de Lameda finalmente llevaron a su salida del cargo en febrero de este año, pero había tenido cinco meses para aceitar la conspiración, apoyada por funcionarios vinculados con la poderosa Fedecámaras, la Central de Trabajadores de Venezuela y otros, desarrollando una estrategia "para sabotear el Acuerdo de Cooperación Energética con Cuba y también la permanencia en Venezuela de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)".

Asimismo se realizó un trabajo "de propaganda activa con la embajada de Estados Unidos, mientras que el propio consultor juridico de PDVSA desarrollaba unplan de acción en defensa de los contratos de apertura petrolera y para atacar la nueva Ley de Hidrocarburos" y desde Washington se "abría fuego" contra el gobierno venezolano. Precisamente el empresario Pedro Carmona Etranga, el burdo presidente de menos de 48 horas del derrotado golpe, también agitaba su campaña contra esa misma ley.

Con el alejamiento de Lameda -señalan analistas- comenzó otra etapa: la conspiración abierta, que tuvo varias fases. Una de ellas fue cuando, so pretexto del nombramiento de una nueva junta directiva, con la que el gobierno intentaba poner equilibrio, se agitó la campaña, utilizando a funcionarios identificados con las fuerzas golpistas de Proyecto Venezuela, el Opus Dei, Primero Justicia, Tradición, Familia y Propiedad, y otros.

Se manipuló a empleados medios con los rumores de que vendrían despidos en masa y una intervención en PDVSA, entre otros, mientras se ajustaban los contactos con Fedecámaras y la llamada sociedad civil, trazando las líneas del paro industrial como parte final del golpe.

Esto funcionaría conjuntamente con el plan de paralización de refinerías, cierre del suministro local de gasolina, paralización de terminales, de embarques, de aprobación de cartas de créditos para botar buques, incluso de suministros de combustibles para aviación, intentado llevar al caos buscado. Los analistas citan una serie de nombres en esta conspiración, entre ellos los que manejaban los contactos con la embajada de Estados Unidos, actuando en conjunto con Luis Giusti, en Washington, y Carlos Andrés Pérez que accionaban con la ultraderecha en el Congreso, el FMI y otras instituciones. Asegurando que el proceso del golpe no duraría más de tres días, desde el 9 de abril comenzaron la intensiva transmisión televisiva hacia el exterior en el llamado golpe mediático.

De los informes y luego de los testimonios públicos y videos surge que necesitaban muertos para culminar su acción. Es que en los tratos con Lameda, el grupo de militares golpistas había advertido que no podrían convencer a otros "a menos que hubiera represión de parte de Chávez". Es decir, muertos. Y para eso estaban puestos los alcaldes de la conjura. Evidentemente también hubo golpes de mano en la interna del golpe y el surgimiento de Carmona como presidente fue la expresión de esa pelea interna. La acción del golpe petrolero fue tan evidente como burda y en horas desconocieron como legítimo dueño de PDVSA al Estado nacional, decidieron retirarse de la OPEP y suspender el envío de petróleo a Cuba. Toda una definición de los intereses que se estaban sirviendo.

Pero una amnistía -muy criticada en este caso- dejó intactas varias estructuras golpistas de PDVSA, y es por eso que en el documento del equipo de asesores de la también golpista Coordinadora Democrática, publicado estos días por La Jornada, se menciona como uno de los planes en la nueva conspiración que PDVSA no entregue el dinero que debe rendir al Estado para complicarle la situación con miras al nuevo golpe que preparan a ojos vistas.

Por lo pronto, los alrededores de la sede de PDVSA, muy cerca de la base aérea militar La Carlota, serán escenario este jueves de una manifestación de la Coordinadora contra el decreto del gobierno que prohíbe protestas en zonas claves de Caracas donde, por ejemplo, funcionan instalaciones militares. La oposición trabaja también a pleno para la convocatoria del nuevo "paro cívico", al cual la cúpula empresarial podría anunciar su adhesión la próxima semana.