Mon January 3, 2005 6:12 PM GMT-04:00
Por Patrick Markey

Un rancho ganadero en Venezuela manejado por la firma británica Vestey está utilizando tierras del Estado que deberían ser entregadas al gobierno para usarlas en la reforma agraria a favor de los pobres, dijo el lunes el ministro de Agricultura.

La granja de 13.000 hectáreas de El Charcote fue una de varias propiedades sujetas a "intervención," como parte de una campaña del presidente Hugo Chávez hacer cumplir una polémica ley de tierras del 2001.

"En el caso de El Charcote, esas tierras los documentos no se da garantía de que son tierras de propiedad privada, sino que son tierras de lo que fue el Instituto Agrario Nacional o Instituto Nacional de Tierras," dijo a Reuters el ministro Arnoldo Márquez.

Las palabras de Márquez podrían atizar temores sobre posibles expropiaciones en el quinto exportador mundial de petróleo luego que el presidente renovó su llamado a una redistribución de la tierra a los pobres.

Márquez dijo que el gobierno actuaría acorde a la Constitución, pero dijo que podrían impulsar un juicio para asegurar las tierras de El Charcote ya que alegan que los encargados de la granja no han podido demostrar que la tierra les pertenece.

"Entonces la Procuraduría General de la República, como es un bien del Estado, debe optar por demostrar sencillamente que son del Estado venezolano. Eso amerita indudablemente un juicio," agregó.

El ministro no especificó cuánto de El Charcote pertenecería al Estado. La finca es una de las mayores productoras de carne del mercado local.

Agroflora, la subsidiaria de Vestey que opera El Charcote y otras propiedades en Venezuela, ha denunciado que 80 por ciento de la propiedad ha sido invadida por simpatizantes del gobierno, en los últimos cuatro años.

El gobierno británico ha pedido a Venezuela que resuelva el problema de las invasiones.

Los abogados de Agroflora no estuvieron disponibles para comentar el caso, pero estaban estudiando como el renovado impulso de la reforma agraria pudiera afectar el negocio.

"Debería preguntarle a la compañía inglesa cuándo se van a poner a derecho y entregar las tierras que no les pertenecen," acotó Márquez.

Chávez, un militar retirado electo en 1998, ordenó a las autoridades locales y comandos militares a buscar tierras ociosas para usarlas en sus proyectos sociales luego de haber ganado un referendo en agosto.

La ley del 2001 permite al gobierno tomar el control y redistribuir la tierra ociosa. Según la ley, los propietarios recibirían una compensación por las tierras. También llama a hacer productivas tierras ociosas del estado.

El proyecto de ley de tierras fue una de los varias reformas que desató tres años de confrontación entre Chávez y partidos políticos de oposición, líderes empresariales y sindicatos, quienes unieron fuerzas contra el presidente, al que acusan de gobernar autoritariamente.

El líder populista, quien sobrevivió a un golpe de estado en el 2002, intenta contrarrestar con sus reformas años de negligencia de gobiernos anteriores y alega que muchos propietarios tienen grandes porciones de tierra sin usar mientras los campesinos se mueren de hambre.

Pero los granjeros privados dicen que la guerra del presidente contra los "latifundios" podría amenazar los derechos de propiedad y la inversión privada.