El Universal publica hoy lo siguiente:

Vivienda y hábitat: mucho más allá que casas

En una comunicación enviada a la redacción de El Universal, el viceministro de gestión del Ministerio de Infraestructura, José Luis Perisse, quiso aclarar ante la opinión de los lectores que 'en cuatro años la construcción de viviendas cayó 68%' (El Universal, 24 de febrero 2003, pág. 1-13), se escribió sobre datos estadísticos y opiniones de informe de la Cámara Venezolana de la Construcción', con cifras que no se corresponden con las del Ministerio de Infraestructura, datos inciertos en cuanto a los promedios construidos en el período 95-98 y 99-02 y opiniones críticas negativas sobre los esfuerzos realizados en el área de Vivienda y Hábitat y la Ley del Régimen en Prestacional de Vivienda y Hábitat (LVH) en proceso.

El Ministerio de Infraestructura informó que las cifras de 2002 están en proceso. Indicaron, además, que hasta 1998 se construyeron parcelas mínimas sin servicio y 'cajas de fósforos de 27 metros cuadrados, en contraste con el período desde febrero de 1999 con parcelas de 180 metros cuadrados y viviendas de 72 metros cuadrados, como área mínima.

En próximo artículo escribiremos sobre la deformación que hubo en los costos de construcción, producto de injustificado flujo de dinero en el sector, nivel excesivo de beneficios por parte de los promotores privados con dineros provenientes del presupuesto nacional y del Fondo Mutual Habitacional, que muy poco benefició a la población más necesitadas y a los ahorristas.

Respecto a la supuesta 'amenaza' que representa la Ley de Vivienda y Hábitat, la misma es injustificable. Se afecta a priori, sin conocimiento de causa, además de superficialmente, y en tal sentido queremos expresar que por el contrario, la Ley de Vivienda y Hábitat significaría un gigantesco avance en la materia.

Su desarrollo se fundamenta en los principios, no sólo en la Constitución Bolivariana de 1999, sino en los de Hábitar/ONU, y será instrumento de naturaleza social con carácter estratégico que según el artículo 86 de la Constitución, tendrá forma de servicio público de índole no lucrativo amparado en el régimen socioeconómico que está fundamentado en principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección ambiental, productividad y solidaridad.

Aplicará la correcta interrelación entre el sector público que conducirá, estimulará, regulará y gestionará; sector privado que aportará y proporcionará servicios de apoyo a la producción y comunidad organizada con su participación protagónica, todos aplicando el principio de corresponsabilidad establecido en la carta magna.

Considerará como sistema de recursos, el valor de la tierra, las bienechurías, el ahorro personalizado, los recursos financieros, los humanos y el desarrollo e incentivos para la investigación de la industria de la construcción, y dará definitivo impulso para coadyuvar en la desconcentración poblacional, así como exenciones de tributos siempre que se construya en el imperio de ella y para las clases más necesitadas.