Caracas- Luego que el pasado 17 de diciembre de 2004, la juez 25 de control, Josefina Gómez Sosa, ordenara la prohibición de salida del país a las 23 primeras personas imputadas por el delito de rebelión civil por firmar el decreto de Pedro Carmona Estanga que disolvía los poderes públicos, esta semana está previsto que la fiscal 6º de competencia nacional, Luisa Ortega Díaz incremente el número de personas que podrían recibir la medida precautelativa de libertad.

La investigación retomada el pasado mes de septiembre cuando el fiscal 4º de competencia nacional Danilo Anderson fue comisionado por el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, tiene una lista de casi 400 personas que manifestaron su apoyo al decreto Carmona.

Tras el asesinato de Anderson ocurrido el 18 de noviembre en Los Chaguaramos cuando estalló el vehículo donde se desplazaba, el caso pasó a manos de Ortega Díaz, quien solicitó las medidas que se suman a las imputaciones inicialmente hechas por el fiscal 4º de control.

Entre los primeros imputados están Ignacio Salvatierra, presidente del Consejo Bancario Nacional; Albis Muñoz, presidenta de Fedecámaras; Alberto Quirós Corradi, miembro de la Coordinadora Democrática; María Corina Machado, directora de Súmate; los ex gobernadores del Táchira, Sergio Omar Calderón y de Falcón, José Curiel, entre otros.

Las investigaciones se extenderán hasta aproximadamente el mes de marzo, tiempo en el cual el Ministerio Público deberá presentar un informe en el que ratifique la medida o por el contrario retire los cargos por el presunto delito de rebelión civil plasmado en el artículo 144, ordinal 2 del Código Penal.

El período para las investigaciones es exactamente de seis meses tal y como está fijado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp).

La primera semana de enero resulta decisiva para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre la muerte del fiscal Anderson, debido a que el próximo jueves 13 de enero se vence el plazo para que los fiscales encargados del caso, Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza culminen el informe que deberán presentar al juez 34 de control, Mikel José Moreno sobre las pruebas conclusivas.

Como se recordará están detenidos los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, así como su primo Juan Bautista Guevara, mientras se solicitó a través de la Interpol la captura de Johan Peña, señalado de colocar la bomba debajo de la camioneta Toyota Autana ABA-90A, propiedad de Anderson; y Pedro Lander, señalado de haber armado el artefacto que contenía aproximadamente 250 gramos de explosivo plástico conocido como C-4.

A lo largo de estas investigaciones dos de los implicados perdieron la vida, se trata de Antonio López Castillo, persona que facilitó los elementos para que se armara la bomba y en cuya casa se encontró todo un arsenal; el segundo de los fallecidos fue Juan Carlos Sánchez, socio de Rolando Guevara en la empresa de seguridad Phython 357, y en cuya oficina fue encontrado un croquis que contenía los movimientos del fiscal Anderson.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) trata de hallar elementos incriminatorios que demuestren la participación de las personas que son sospechosas de haber pagado para que se cometiera el crimen.

Es posible que esta misma semana el fiscal General de la República presente al país el nombre de los presuntos responsables una vez que se tenga con certeza el informe preparado por los representantes del Ministerio Público que llevan adelante las investigaciones.