San Felipe- El gobierno de Yaracuy publicó el pasado 31 de diciembre en un diario de circulación regional el decreto n° 090, en el que ordena la aplicación de los instrumentos legales para el rescate de tierras pertenecientes al Estado que se encuentren bajo la condición de latifundios, ociosas o con problemas de distribución.

La citada resolución establece, en su artículo 1, que se procederá, en unión de todos los organismos que tengan injerencia en materia de tierras, a la aplicación de los instrumentos legales administrativos o jurisdiccionales para el rescate de las tierras pertenecientes al Estado.

Entre esas tierras se cuentan las que en su oportunidad fueron adquiridas o expropiadas por el desaparecido Instituto Agrario Nacional (IAN), las recibidas por donaciones, los ejidos transferidos y protocolizados, los baldíos, las decretadas comuneras y los resguardos indígenas; incluidas o no dentro de regímenes latifundistas, ociosas o con conflictos de tenencia.

El decreto también establece que una vez que se rescaten las tierras, con el financiamiento del Gobierno regional se materializarán y aplicarán los instrumentos legales para fomentar la agricultura sustentable; teniendo en cuenta propuestas de producciones ecológicamente viables, rentables, sociales y justas.

En primer lugar se rescatarán varios fundos, entre los que se cuentan, según el citado decreto, Santa Lucía-San Juan, El Ceibal, Santa María-El Pozón, Cumaripa y Santa Catalina, en el municipio Bruzual; Buenos Aires, Las Vegas, Bella vista, Aguaruca- Guayurebo, Montesuma y Los Vegotes, en Urachiche.

También se encuentran en la lista los fundos Santa Bárbara, Guaramao, Cade y Nuare - Nuarito, en el municipio Páez; Cuesta Amarilla, San Andrés y El Saruro, en Peña; El Macanillal, La Mallamera y Toro Pintao, en Bolívar; Santa Isabel y La Candelaria en San Felipe; y las tierras comuneras Agua Negra- Palmarejo, en Veroes.

Con la primera fase de aplicación del decreto, se revisarán y rescatarán en total 68 fundos que presentan algunos de los problemas mencionados en la resolución y que los hacen objeto de la aplicación de las consecuentes medidas.

Asimismo, establece en su artículo cuarto que "de ser necesario se hará la intervención de las tierras privadas, con el irrestricto apego al artículo 115 de la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela".

Una comisión técnica gubernamental se encargará de realizar todos los actos preparatorios de carácter administrativo y, en un tiempo de 90 días, entregará al gobernador Carlos Giménez un informe diagnóstico de la situación general de esas tierras.

Dicha comisión quedó integrada por el secretario general de gobierno, coronel (Ej.) Ángel Parra Yarza; la secretaria de Tierras y Seguridad Alimentaría, Laura Lorenzo; el secretario de Seguridad Social, Iván Aparicio, y dos representantes del Instituto Nacional de Tierras (Inti) que serán designados por ese organismo.