Madrid- Los líderes del Partido Popular (PP) reaccionaron hoy a la defensiva sobre el escándalo de desviación de recursos del Estado para financiar la campaña electoral de 2004.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, declaró que un anteproyecto que denuncia el uso de campañas publicitarias por el Ministerio de Trabajo en la etapa de su colega Eduardo Zaplana no ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas.

Rajoy, implicado en el escándalo en su condición de candidato presidencial en aquellos comicios ganados por José Luis Rodríguez Zapatero, se defendió señalando que el texto está pendiente de alegaciones y ha sido elaborado por una "persona concreta".

El actual ministro de Trabajo, Jesús Caldera, manifestó sobre la actuación de su predecesor Zaplana, que no ha sido ético usar recursos del Estado en campañas publicitarias a favor del candidato del PP, indica una versión de El País.

El anteproyecto del Tribunal de Cuentas analiza, entre otras, las campañas contratadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los ejercicios de 2003 y 2004 por más de 14 millones de euros sobre la revalorización de las pensiones. También tiene bajo escrutinio el abono a los pensionistas de una paga única.

Esa actividad, para entonces ya concebida, no requería por lo tanto de dicha campaña.

El informe preliminar pide la remisión de los hechos a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, "sin perjuicio de su conocimiento por el Ministerio Fiscal", tras detectar múltiples irregularidades, señala El País.

Entre ellas, que las campañas tuvieron por objeto, no informar a los pensionistas, sino "mejorar la imagen gubernamental" con "solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año, añade.

Por ello, el anteproyecto ve indicios de "desviación de poder" y de "malversación de fondos públicos", expresa el diario.

En una nota del Tribunal de Cuentas para valorar la información publicada por EL PAIS, Rajoy indicó que el Tribunal dice que no hay ningún informe aprobado en relación con ese asunto.

Lo único que hay, agregó, es un anteproyecto de informe realizado por una persona concreta y determinada (Ciriaco de Vicente, ex diputado socialista, actual consejero del Tribunal de Cuentas y responsable del departamento tercero de la sección de fiscalización).

El PP calificó de "burda y manipulada" la filtración del documento. La nota admite que se trata de un asunto antiguo, ya fiscalizado y debatido, y que incluso fue objeto de denuncia, ya archivada, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Caldera lamentó ayer que el departamento en época de Zaplana -el diputado mejor vestido y de joyas más caras en el Congreso, según medios de prensa- gastara más de 63 millones de euros de su presupuesto en contratos de publicidad diversos a lo largo de sus dos años de mandato.

El secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, José Blanco, señaló que su agrupación cree en la independencia de la Fiscalía y ella verá si tiene indicios o no para intervenir.

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, declaró que la Fiscalía Anticorrupción debería investigar lo denunciado por el anteproyecto del Tribunal de Cuentas y "depurar responsabilidades de carácter incluso penal".