Como parte de las investigaciones que dejó adelantadas el fiscal Danilo Anderson, la fiscal 6º de competencia nacional, Luisa Ortega Díaz, solicitó el pasado viernes al tribunal 25 de Control, dictar medidas de prohibición de salida del país a 27 personas que firmaron en apoyo el decreto de Pedro Carmona Estanga del 12 de abril de 2002, cuando se autoproclamó Presidente de la República.

En el escrito de solicitud se alega que los imputados tendrían “amplias facilidades económicas” para salir del país”.

Como se recordará, la lista está compuesta por unas 400 personas, sin embargo, las acciones judiciales se inician con los firmantes directamente vinculados con el hecho y cuya participación fue pública y notoria. A las 27 personas se les imputó el delito de rebelión y será esta semana cuando la jueza Josefina Gómez decida si hay elementos para tomar medidas precautelativas contra ellos.

En la mira

La lista de los imputados, en su mayoría vinculados con una organización política, la encabezan José Rodríguez Iturbe, designado canciller por Carmona Estanga; Ignacio Salvatierra, presidente del Consejo Bancario Nacional; Albis Muñoz, presidenta de Fedecámaras; el ex gobernador de Táchira, Sergio Omar Calderón; el ex gobernador de Falcón, José Curiel; y Alberto Quiroz Corradi, dirigente de oposición.

Se suman María Corina Machado, directora de Súmate; Julio Brazón, ex presidente de Consecomercio; León Arismendi, asesor de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Jaime Manzo, presidente de la Federación Venezolana de Maestros; Rocío Guijarro, representante de Cedise; Miguel Ángel Martínez, ex presidente de la Cámara de Radiodifusión; Godofredo Marín, fundador del partido ORA; y Jorge Raúl De Armas, entre otros.

Reacciones

Quiroz Corradi, dirigente de la Coordinadora Democrática y analista petrolero, dijo tras conocer la medida, que se trata de una situación muy delicada, por lo que se abstuvo de emitir cualquier parecer al respecto. Sin embargo, indicó que hasta los momentos no ha sido informado formalmente de la medida.

Julio Brazón, ex presidente de Consecomercio, sí se mostró sorprendido y prefirió no extenderse en sus declaraciones hasta no conocer con exactitud el alcance de la medida.

Brazón apuntó que acudió el pasado mes de octubre a la citación que le hiciera el fiscal Anderson, pero desde entonces no volvió a tener mayor información de su situación en las investigaciones .

Para el diputado César Pérez Vivas, dirigente de Copei, la medida es simplemente una nueva persecución que adelanta este régimen . “Ésto no le deja ninguna utilidad a nadie, ni al Gobierno ni al país. Es una forma de seguir persiguiendo gente, sin ningún sentido luego de dos años de sucedidos los hechos. Ha llegado la hora de que el país deje esta diátriba y que cada quien asuma su responsabilidad. El Gobierno a gobernar y la oposición a organizarse”.

Pesquisas policiales

En torno de las pesquisas sobre la muerte de Anderson, trascendió que Rolando Guevara, ex comisario del Cicpc habría aprovechado el puesto de jefe de la División de Homicidios dentro del organismo para desvirtuar las investigaciones que el organismo realizó en mayo y junio de 2001, en búsqueda de Vladimiro Montesinos.

Una fuente policial indicó que Guevara ejerció el cargo hasta que se comprobó la participación de Otoniel, su hermano y ex funcionario de la Disip, y uno de sus primos, José Agustín Guevara, el mismo que fue detenido en Miami cuando intentó cobrar la suma de 3 millones 700 mil dólares de la cuenta del prófugo peruano.

De acuerdo con el informe obtenido de la Dirección de Inteligencia Militar en esa oportunidad, Montesinos declaró luego de ser detenido y confesar que pagó altas sumas de dinero por su protección, que “tuve conocimiento que Otoniel Guevara había comprado, con el dinero que le entregué, las Galerías Magnum a un señor de nombre Boulton”.

La vinculación de Rolando Guevara Pérez con este caso sólo fue probada a través del uso de un celular por parte de Vladimiro Montesinos y que el comisario compró antes de llegar a ser jefe de Homicidios.

Rolando indicó posteriormente que ese aparato se lo había dado a su primo José Agustín Guevara.

EN EL TIEMPO

El 20 de octubre, el fiscal Danilo Anderson, declaró a PANORAMA: “Los firmantes de Carmona sí cometieron rebelión civil”, que contempla una pena entre 12 y 24 años de prisión.

Ayer el gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, presidió un acto en homenaje a Anderson, en el que reiteró que antes de que termine el año se sabrán los nombres de los autores materiales e intelectuales.

Dijo que muchos de los responsables de la muerte de Anderson huyeron del país, pero garantizó que ya inició su búsqueda.