El vicepresidente José Vicente Rangel indicó que el Gobierno aceptó la propuesta, que sugirió ayer, en un encuentro con el vicepresidente Ejecutivo y la ministra de Comunicación e Información, Nora Uribe, la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), de acudir a organismos internacionales gubernamentales o no para verificar la vigencia del derecho de expresión en Venezuela.
'Si el Gobierno rehuye discutir ese tema internacionalmente, van a decir que uno tiene miedo o algo que esconder. Es preferible sentarnos a la mesa y discutirlo. Tenemos razones suficientes para decir que aquí hay libertad de expresión y nos es fácil relativamente probarlo, difícil es que prueben lo contrario', explicó, y agregó que ante la propuesta refirió la mediación de la organización no gubernamental internacional Human Right Watch, de más 'confianza', pero la misión no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El vicepresidente Ejecutivo propuso también un debate nacional sobre los medios de comunicación para 'aplicar los correctivos', y completó que la discusión incluiría a periodistas, propietarios de medios, gobierno, oposición, sectores de la sociedad organizada, y 'sectores populares'. 'Tenemos que conseguir cooperación internacional con el Gobierno, con los medios y el pueblo venezolanos para acabar con la violencia contra los periodistas', comentó Robert Cox, presidente de la SIP, quien reclamó que el presidente de la República no les ha rechazado una audiencia.
El vicepresidente José Vicente Rangel sostuvo que la violencia contra los medios de comunicación es una consecuencia de la insistencia de sectores de la oposición de deponer al mandatario nacional a través de una ruptura de orden constitucional.
'Si se elimina el golpismo se pacifica el país inmediatamente', anticipó, manifestó la voluntad del Gobierno de investigar los casos, y precisó que la violencia 'la puede generar también un provocador o alguien de la oposición para descalificar al Gobierno'.
'Hay mucha reacción contra el medio que se singulariza en el periodista, y eso es negativo porque los periodistas no tienen la culpa, hay que buscar, y si hay alguna falla en el lenguaje oficial, hay que corregirla, porque el periodista no puede ser la víctima en ese conflicto', admitió.
El Universal/ 25 de Septiembre de 2002
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