Las empresas que soliciten despidos masivos con fines políticos serán intervenidas, expresó la procuradora Marisol Plaza. El personal podrá capitalizar los pasivos para mantener productiva la empresa. El decreto no revestirá carácter retroactivo.


La Procuradora General de la República, Marisol Plaza, informó que el decreto presidencial que evitará el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores por razones políticas sólo espera por la firma del Primer Mandatario nacional.

Al ser consultada sobre los términos y objetivos de la medida explicó que se trata de defender la estabilidad económica del país mediante un reglamento parcial a la Ley del Trabajo en los capítulos referidos a los despidos masivos. Advirtió que el decreto no promoverá invasiones a la propiedad privada ni tendrá efecto retroactivo.

“Se aplicará a casos concretos de empresas que manifiesten o soliciten ante la Inspectoría del Trabajo autorización para despidos masivos, alegando la necesidad de un cierre”.

Agregó que los trabajadores poseen parte del capital de su sitio de trabajo y con estos recursos podrán conformar una asociación estratégica con los patronos a fin de mantener productiva la empresa.

Ludmila Vinogradoff


Caracas, Venezuela .- La procuradora general, Marisol Plaza, le ha dado forma jurídica al anuncio presidencial de intervenir las empresas que por razones políticas se sumen a una eventual huelga laboral, causando daño y desestabilizando.

El decreto en cuestión ya está listo y sólo falta que el mandatario decida publicarlo en la Gaceta Oficial. La intención es "defender la fuente del empleo". El mecanismo permite convertir a los trabajadores en socios de los patrones. "Se ha demostrado que aumenta su capacidad productiva cuando son accionistas de la empresa".

Desde su despacho la abogada del patrimonio público amplía los alcances del decreto empresarial a PANORAMA.

-¿Cuál es el objetivo del decreto del control empresarial? - La razón obedece al cumplimiento del mandato constitucional que tiene el gobierno de mantener la estabilidad económica, es decir, que dentro del mismo sistema de libertad de empresas hay ciertas restricciones que están determinadas por una crisis económica, la paralización del país y el empobrecimiento acelerado de la población.

-¿Están dadas las condiciones? - Si hay peligro de que las fuentes de empleo sean cerradas con fines políticas y no económicas para causar daño al gobierno por no estar de acuerdo con sus autoridades, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para mantener las fuentes de empleo.

-¿Cómo lo van a instrumentar? -El decreto consiste en un reglamento parcial a la Ley del Trabajo en los capítulos referidos a los despidos masivos. Allí se establece la prohibición de los despidos.

-¿Eso no se resuelve con decretos de inamovilidad laboral como lo han hecho hasta ahora? -Esa es una de las fórmulas. Cuando se decreta la inamovilidad afecta por igual a todas las empresas. Será un reglamento que se aplicará a casos concretos de empresas que manifiesten o soliciten ante la Inspectoría del Trabajo autorización para proceder a un despido masivo, alegando la necesidad de un cierre.

-¿Ya no está regulado en la Ley del Trabajo? -No está regulado ampliamente. Se creará un instrumento o mecanismo que permita al patrón y el trabajador realizar una cogestión en la actividad productiva a través de cualquier forma de asociación, especialmente la cooperativa.

-¿Explique mejor? -Los trabajadores tienen un patrimonio que forma parte del capital de la empresa que son sus pasivos laborales, los que pudieran verse afectados por un cierre. Con el reglamento los trabajadores pueden capitalizar los pasivos que tengan a su favor para formar parte de la asociación estratégica con los patronos a fin de mantener productiva la empresa.

-¿Cuál será el papel del Estado? -El Estado va a otorgar incentivos fiscales y créditos para evitar el cierre y facilitar el proceso.

-¿Está en capacidad financiera de inyectarle recursos a las empresas quebradas? -Hay en este momento déficit presupuestario pero en ningún caso significa que las arcas están vacías. Hay organismos crediticios públicos que tienen presupuesto para otorgar préstamos. Es prioridad mantener la fuente de empleo.

-¿En qué casos se aplicará: en las 4.666 industrias cerradas desde 1998 o en los futuros cierres? -El principio de la ley es que tiene efecto hacia el futuro y no retroactivo. Esto no impide que alguna empresa interesada en reabrir y de manera concertada entre trabajadores y patrones quiera reactivarla y ser beneficiada por el Estado.

-¿Para qué forzar la reapertura de empresas con un decreto si las operaciones de asociación están permitidas mercantilmente? -Precisamente en el mandato constitucional que tiene el Presidente de mantener activa la economía es donde él actúa coercitivamente y dicta normas jurídicas con el objeto de lograr la generación de empleo por la vía coercitiva.

-¿Qué significa coercitivamente? -Que intervendría el Ministerio de Trabajo cuando por razones políticas y especulativas, y no reales, el patrono decide cerrar su empresa para disfrazar una situación de déficit presupuestario; en esos casos actuaría por la vía coercitiva el Inspector del Trabajo, que representaría al gobierno, el cual negaría la autorización para el despido masivo.

-¿Esta es la respuesta a la amenaza de huelga de la CTV? -Bueno, es darle confianza a los trabajadores y empresarios venezolanos. Es cierto que hay angustia por la debacle económica. El Ejecutivo está dando respuesta a esa amenaza de huelga. Se van a tomar todas las medidas necesarias para evitar el desempleo.

-¿De verdad cree que un decreto evita los despidos? -Si hay una situación más crítica, en donde haya una concertación de las empresas para cerrar con fines políticos, allí lo pertinente sería dictar un decreto de estado de excepción porque es una situación excepcional, pues no habrían razones económicas sino políticas.

-¿Entonces no aplicarían el reglamento de los despidos? -Se aplicaría otra más restrictiva como la de prohibir cerrar las puertas de las empresas y se le da a los trabajadores la posibilidad de continuar la actividad productiva bajo formas organizadas porque no se trata de un asalto donde todos se van a hacer dueños de la empresa.

-¿Cuándo saldrá el decreto? -Lo estamos fiquitando para presentarlo al Presidente. Ya él decidirá cuándo se va a publicar en gaceta.

-¿Están dispuestos a declarar el estado de excepción? -Un eventual decreto de estado de excepción tendría que ver con la actitud que asuman los sectores económicos. También depende de la huelga porque si es un paro de un día no causaría mayores trastornos.

-¿Ya lo tienen preparado? -Eso está en la Constitución. No lo tenemos preparado porque consideramos que esa situación no se va a dar. Antes hay que evaluar si se producen grandes daños al país en el área económica. Pero confiamos en que no habrá necesidad de aplicar el estado de excepción pese al ambiente político pesado.

-¿Hay diferencia entre el discurso del Presidente y el decreto? -En lo personal yo no veo contradicción. Estoy explicando la forma jurídica acerca de los mecanismos que se van a utilizar para la posición que ha asumido el Presidente, quien en su discurso quiere dejar claro que no está dispuesto a permitir que nuestra soberanía, estabilidad y paz social sean alteradas por pequeños grupos que por intereses económicos pretendan causarnos daño.

-¿Diferencias de lenguaje? -Ese no es el lenguaje del Presidente. Los mecanismos que se van a utilizar para la decisión presidencial de asumir un control de la economía en un momento determinado son los que estoy explicando. Puede ser un reglamento, un decreto, un estado de excepción o hasta una ley discutida por la Asamblea.

-¿Intervenir empresas es un modelo cubano? -Para nada. En la Constitución cubana la propiedad es colectiva. Esa figura no está prevista en nuestra Constitución sino la libre empresa. Para seguir el modelo cubano tendríamos que reformar o enmendar nuestra Constitución.

-¿Suena a nacionalización de empresas? -Para nada. Estas medidas se aplican en todos los países del mundo con régimen capitalista. La tendencia moderna es que el Estado debe intervenir aún en los derechos de los particulares.

-¿Confiscación? -Algunos sectores están utilizando la palabra confiscación. La utilizaron con la Ley de Tierra. No vamos a confiscar las empresas.

-¿Usted garantiza que con la intervención de las empresas no habrá anarquía como las invasiones con la Ley de Tierra? -Sí. Por supuesto, esta una actuación organizada del Estado donde no se permite ni el cierre de la empresa ni una toma arbitraria por parte de los trabajadores.

-¿Cómo los evitarán? -Ese es un problema que hemos tenido desde hace muchos años. El decreto no trae una mentalidad invasora porque la invasión es una conducta ilícita y delictual. En lo personal digo que hay que tener confianza en el trabajador venezolano.

-¿El trabajador está en capacidad de gerenciar una empresa quebrada? -Los trabajadores de Venezuela han demostrado que en las situaciones más difíciles son capaces de conducir una empresa. Los trabajadores deben hacer aporte económico con sus ahorros para reactivarla. Y el Estado dará créditos.

-¿Será socio del patrón? -Será socio. Se ha demostrado que el trabajador aumenta su capacidad productiva cuando es accionista de la empresa. En Argentina han habido 250 empresas que están cogestionadas con los trabajadores a través de cooperativas.

-¿Tiene una lista de las empresas susceptibles de ser intervenidas? -Sí, pero no puedo darla porque no es pertinente. Prefiero que lo hagan los mismos empresarios.

-¿Son del sector privado y público? -Si en el sector público desean una cogestión no tienen ningún problema porque el Estado es el mismo patrón. Estamos hablando del sector privado en donde no acepten la decisión del Ejecutivo de intervención.

PERFIL Marisol Plaza, de 46 años, casada, ya lleva dos años al frente de la Procuraduría Pública. Como abogada litigante ha hecho 5 posgrados: en las especialidades procesal, laboral, tributario, administrativo y mercantil.

Graduada en la Universidad de Carabobo también fue consultora jurídica de la Presidencia antes de ocupar su actual cargo.

“No es competencia mía defender al presidente. Los delitos penales en general son de carácter personal. La misión de la Procuradora es la defensa patrimonial de la República. No defendemos a ningún funcionario individualmente”.