Ninguna persona que haya recibido créditos indexados o balón para adquirir su vivienda o vehículo puede aceptar presiones de la banca y de haber sido objeto de acciones tribunalicias para ser despojados de sus bienes, pueden acudir a los tribunales competentes para resarcir los daños sufridos, así lo afirmó este
miércoles el diputado Darío Vivas.

Tras reunirse con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, y con el magistrado, Jesús Eduardo Cabrera,
señaló que este encuentro fue para clarificar el contenido de la sentencia del 24 de enero de 2002, donde se delinearon los parámetros sobre los cuales debía actuar la banca, entre ellos, la reestructuración de los créditos.

Precisó además el parlamentario, que uno de los temas que se
planteó es el relacionado con la retroactividad del delito de usura, donde se aclaró que los deudores en ningún momento se les niega la posibilidad que puedan actuar civilmente contra la banca, si sienten que fueron objeto de usura.

Respecto a la problemática vinculada a los créditos para la
adquisición de carros populares, cuota balón, dijo Vivas que se debe aclarar la resolución del Ministerio de la Producción y el Comercio, sobre qué se entiende por "carro popular o carro familiar" porque se trata de una sentencia que va dirigida a favorecer el interés social.

Otro de los puntos sobre la aclaratoria de la sentencia que se
conversó con los magistrados Rincón y Cabrera fue el de la mora, y explicaron que aquélla establece la reestructuración del crédito. De modo que la banca tenga que ajustarse al lapso que establece la sentencia: una vez reestructurado el crédito, es cuando va a empezar a privar qué tipo de mora y qué tipo de interés se debe cobrar a los efectos de la deuda que se
tiene.
Vivas anunció que acudirán a la Fiscalía General de la República para exigir que se pronuncie sobre el fondo de la materia, como lo es el delito de usura, determinado en la sentencia del TSJ.

En la reunión también se acordó seguir un trabajo de cooperación
entre los Poderes Públicos y demás organismos vinculados al cumplimiento de la sentencia sobre los créditos indexados, "para garantizar a la mayoría del país que impere la justicia social y en Venezuela no sean tan sólo los grandes bancos, los poderosos, los que tengan acceso a la justicia y ser beneficiados de ella, sino que la colectividad nacional debe ser beneficiada de lo que pauta el ordenamiento legal venezolano y de lo que establece el
mandato constitucional, es decir, una Patria con justicia social".

En la reunión también asistieron los parlamentarios Jacinto
Martínez, Carlos Espinosa, Pastor Paucides González, Rafia Souki, así como miembros de las asociaciones que agrupa a quienes han sido afectados por los créditos indexados y cuotas balón. También estuvo el consultor jurídico del Instituto de Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario, Milton Ladera.