Managua- Unos cinco mil nicaragüenses marcharon hoy por esta capital exigiendo al gobierno detener la privatización del agua y que la Asamblea Nacional no ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La marcha, fuertemente custodiada por la policía, concluyó frente al Congreso, donde entregaron un nuevo recurso para evitar se aprueben ambas propuestas elaboradas por el poder ejecutivo a espaldas del pueblo.

En la protesta, que salió de la Avenida Universitaria y pasó frente a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), participaron miembros de más de 15 organizaciones sociales y gremiales, así como estudiantes y maestros.

También había miembros de etnias y personas procedentes de los departamentos (provincias) del país.
Los participantes en la movilización portaban carteles con la consigna: TLC es sumar más pobreza, más dominación, poner la patria en manos de los imperialistas.

Una gran tela denunciaba al gobierno por tratar de ocultar la entrega de los servicios del agua potable y las fuentes hídricas a una transnacional extranjera. Un documento distribuido por los marchistas acusa a la actual administración de ser la más servil de los llamados gobiernos democráticos, convirtiendo a Nicaragua en la segunda nación más pobre de América Latina, después de Haití.

Miguel Baca, de la Red Nacional de Consumidores, dijo a Prensa Latina que tanto el TLC como la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras significan "condenar a la muerte a miles de nicaragüenses pobres". Por su parte Ruth Herrera, presidenta de la Red, acusó a la dirección de ENACAL de ser la promotora de entregar las fuentes hídricas a una transnacional.

Demandó que los diputados frenen las pretensiones del gobierno de "vender hasta los lagos" de la nación. Advirtió que ENACAL oculta el proceso de privatización que desarrolla, con el pretexto de que será mejorado el sistema de abasto del líquido.

Para ello, señaló, cuenta con un fondo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno en 1999.

Recordó que el 47 por ciento de la población (2,5 millones de personas) no puede acceder al agua potable, pero si se ejecuta la venta otros 250 mil nicaragüenses no podrán pagar ese servicio.