La siguiente noticia fue publicada hoy Lunes en el Diario Panorama.

Cuatro visiones sobre la ley de Responsabilidad

Los diputados Desiré Santos y Pastor Heydra, el periodista Earle Herrera y el investigador de la UCV, Marcelino Bisbal, analizan la Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV. Para Earle Herrera hay una absoluta "impunidad mediática" donde la oposición pretende darle rango constitucional al abuso.

Pastor Heydra, diputado de Acción Democrática, admite que los canales suspendieron por dos meses su programación habitual y promovieron el "paro", "el trancazo" y la desobediencia tributaria, pero eso no es excusa para abrirles una averiguación administrativa. Earle Herrera dice por el contrario, que hay una absoluta "impunidad mediática" y que la oposición pretende darle rango constitucional al abuso. Marcelino Bisbal sostiene que quedará en manos del Gobierno determinar si un programa es o no violento o sexual. Desiré Santos explica que es el momento de debatir el tema.

EARLE HERRERA. Periodista

"Oposición quiere dar rango constitucional al abuso"

"Creo que aquí hay una absoluta impunidad mediática, no hay sanciones, se le dieron muchas alas a los canales, volaron demasiado en el camino del abuso".

Según el periodista Earle Herrera los medios se verán obligados a discutir con la sociedad. "El Gobierno va a sancionar, pero los venezolanos deben seguir reclamando una comunicación que realmente corresponda con sus valores democráticos, de pluralidad y libertad".

Refiere que la oposición pretende darle rango constitucional al abuso y a la impunidad, es increíble, declaró Herrera.

Observa que para los opositores sancionar o suspender es un delito ¿y porqué?, se pregunta, si el periodista es un ciudadano tiene derechos y deberes y si los infringe es sujeto de sanción.

Considera que desde hace tiempo los medios vienen violando las leyes.

Admite que no conoce la Ley, tiene la información que ha recabado cada vez que visitan un medio de comunicación para abrir los procedimientos.

Alega que desde el 11 de abril la situación se exacerbó, se intensificó y "ya está en el límite de una verdadera agresión, no sólo al Gobierno o al Presidente, sino al radioescucha o televidente".

A su juicio, el Gobierno se ha tardado en abrir una investigación, lo cual no significa sancionar, solamente determinar qué están haciendo los canales y ofrecerles todo el derecho a la defensa y al debido proceso.

Indica que necesariamente el Ejecutivo tiene que llamarles la atención por la forma como están manejando los medios, llamarlos a capítulo y si en la averiguación se demuestra que ellos han reincidido y mantienen una política editorial e informativa que de alguna manera afecte a la ciudadanía y se ponga al margen de la legislación venezolana, "sin ninguna duda deben ser sancionados".

Creo que aquí hay, dijo, una absoluta impunidad mediática, no hay sanciones, se le dieron muchas alas a los canales, volaron demasiado en el camino del abuso y eso los envalentonó y le hacen creer a la sociedad venezolana que ellos son los únicos que pueden estar inmunes a la sanción y llega un momento en que la misma gente le pide al gobierno que proceda.

Eso, según refiere, se determina en las manifestaciones, las marchas, foros, reuniones y quejas de la misma comunidad que le pide al Gobierno que proceda.

Por otra parte, el ex constituyente considera que la Ley de Contenidos debe ser discutida ampliamente por todos los sectores, pero a su juicio, la han discutido más los venezolanos comunes que los mismos factores interesados.

Crítica a los comunicadores sociales, pues "la mayoría se ha convertido en opinadores de televisión y pienso que debemos hacer un gran debate sobre lo que es el ejercicio de la profesión, bueno si tienen voluntad para discutir porque da la impresión de que hay una gran desidia mental e intelectual para discernir cualquier cosa y es lamentable que se dediquen solamente a poner un micrófono y ser una especie de tecla dura".

MARCELINO BISBAL. Profesor UCV

"Es un acto de retaliación por sumarse al paro cívico"

No es el momento de crear leyes que regulen a los medios. Bajo qué criterios se determinará si un programa de TV es o no violento o sexual. VTV puede ser sancionada.

Marcelino Bisbal, investigador de la Universidad Central de Venezuela dice: "No me atrevo a afirmar de manera directa (si las televisoras privadas comerciales) cometieron o no delito, porque las correspondencias que han recibido las plantas no son del dominio público".

"Tengo entendido que se les acusa de ciertas informaciones que no han sido del todo veraces, del manejo de cierta publicidad, propaganda, durante los días del paro cívico nacional y al parecer se les acusa además del manejo de la figura presidencial y el nombre del Presidente", explica.

"Pero todo eso es muy relativo, habría que saber desde qué óptica lo estamos analizando, si nos atenemos a esa perspectiva uno podría decir que por algunos contenidos que se han venido transmitiendo por Venezolana de Televisión, también podrían aplicársele al canal del Estado las normas que se le están aplicando a las televisoras privadas".

"A mi lo que me preocupa es que estas medidas se están llevando a cabo en un momento político muy conflictivo, lo que hace presumir que se trata de un acto de retaliación".

Bisbal admite que la apertura de los procesos administrativos contra las televisoras son una consecuencia de que éstas se sumaron al paro que buscaba la salida del Presidente de la República y comenta que el mismo Chávez ha dicho en cadena nacional que "no habrá un dolar preferencial para los medios golpistas y terroristas, no tiene que decir cuáles son esos medios, porque ya sabemos que son la gran mayoría de los medios radioeléctricos e impresos que se sumaron al paro cívico nacional. La cosa está muy clara, es una retaliación política".

Con respecto a la Ley de Responsabilidad Social de los medios de comunicación, Bisbal recuerda que hace un año sostuvo que no era el mejor momento para aprobarla y estima que el actual es aún menos conveniente.

Además, el Gobierno cambió el proyecto de ley orgánica a ley simple, porque no cuenta con las tres cuartas partes de los votos del parlamento que se necesitan para votar una ley orgánica.

Ese proyecto crea además su ente regulador, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que estará conformado por 11 miembros, cinco son designados por el alto gobierno, cuatro que nombrará la Asamblea Nacional, uno que nombra una cosa inexistente en estos momentos en el país que es el Comité de Usuarios de Radio y Televisión y otro que debe ser designado por los productores independientes.

"Allí no hay posibilidad de pluralidad, de participación democrática", asegura.

Por otra parte, se van a regular una serie de contenidos que tengan una alta carga de erotismo y violencia, la pregunta que uno se hace es ¿cómo y desde de qué punto de vista, vamos a determinar si un contenido es excesiva o medianamente sexual o violento? Eso es muy relativo, depende de la óptica de quien lo este analizando.

DESIRÉ SANTOS A. diputada MVR

"¿Quien está a favor de la violencia en la televisión?"

Los medios son instrumentos de la oposición. Cuando la TV se hace eco de la violencia, admite que esa es una opción. Es el momento de debatir públicamente la ley.

Desiré Santos Amaral sostiene que "no me corresponde, ni como diputada ni como periodista juzgar la comisión de delitos, para eso están los organismos jurisdiccionales, el Ministerio de Infraestructura y Conatel, pero creo que hubo excesos por parte de las televisoras, desde abril del año pasado han asumido un rol que no les corresponde y ellos han confesado que lo han hecho".

Las televisoras "han reconocido que se convirtieron en canales de la oposición, en sus instrumentos y prácticamente han sustituido a los partidos políticos. Dejaron de expresar la pluralidad de la vida del país y se sumaron a un bando, tomaron partido y dejaron de ser medios de comunicación".

"Los mensajes violentos tienen que ser erradicados de la televisión venezolana, porque cuando un medio se hace eco de mensajes violentos, de alguna manera le está diciendo a su audiencia, está admitiendo, que la violencia es un recurso válido en la lucha política y eso es extremadamente peligroso".

Santos Amaral sostiene que éste es el mejor momento para debatir públicamente una Ley de Responsabilidad Social de los medios de comunicación social, argumenta que, por la vía de los hechos, desde el golpe de Estado del 11 de abril, cuando radios, televisoras y periódicos intentaron ocultar la rebelión popular que se desató contra la dictadura de Pedro Carmona Estanga, la nación entera se sumergió en una profunda y diversa discusión sobre el papel de los medios.

Aclara que no se trata de una "ley de contenido", ni mucho menos una "ley mordaza" como han pretendido hacer creer los factores de la oposición que se benefician de la parcialidad tendenciosa de algunos medios, sino de una Ley de Responsabilidad Social, que pone énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, principales usuarios de la televisión.

La ley, insiste, ratifica los derechos de los niños y niñas contenidos en la declaración universal, la ley venezolana de protección y la Constitución nacional y a su vez, combina estos principios con la Ley de Telecomunicaciones.

"No creo que haya alguien en Venezuela que se oponga a que exista un instrumento legal que vele para en los horarios infantiles no haya violencia ni en la programación ni en la publicidad".

"¿Que venezolano quiere que a través de la televisión se sigan difundiendo, sin ningún criterio, prácticas síquicas o brujería?".

"Qué madre o padre puede estar en contra de que en la televisión se privilegie una programación de servicio público, cultural, que promueva la paz, la tolerancia, el respeto a los otros".

"Este es el momento más indicado para garantizar que los canales tengan una mejor programación".

Además, insiste, "si ellos dicen que las televisoras son del pueblo, porque temen que la gente de este país opine sobre la programación de los canales".

PASTOR HEYDRA Diputado AD"

Tratan de imponer un espíritu retaliativo"

"Cómo va a violar la Ley el difundir una declaración de Rosendo, por ejemplo, entonces todos los medios estarían violandola porque difundieron la información".

El parlamentario de Acción Democrática (AD), Pastor Heydra, considera que "no hay que permitirle al Gobierno que apruebe la Ley de Telecomunicaciones, porque sencillamente nos despediremos de la democracia".

El también ex ministro de la anterior Oficina Central de Información, recordó que hace un año un grupo de diputados introdujo un recurso de nulidad contra el artículo 209 de la Ley de Telecomunicaciones, el cual le da la potestad al Ejecutivo de intervenir, suspender la comunicación de los canales televisivos o radiales todo ello de conformidad con la Constitución, hasta tanto se dicte la Ley respectiva, que -según afirmó- será respondido en los próximos días.

Cuestiona que el referido artículo le conceda facultades "abstractas y absolutas" para determinar a su libre albedrío lo que considere de interés para la nación o su seguridad.

Subraya que en el procedimiento abierto a las plantas de televisión nacional, alegan que difundieron opiniones del general Manuel Rosendo -lo del goteo militar- y luego las emitidas del día 11 de abril, así mismo las convocatorias a marchas y las declaraciones que dio Carlos Ortega, por CNN.

El parlamentario explica que "lo que se trata es de imponer un espíritu retaliativo anunciado en forma reiterada por el Presidente y por el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, con el objeto de intimidar a los canales".

Para Heydra los procedimientos cometidas durante los últimos 15 días en distintos medios de comunicación, incluyendo emisoras de radio son una violación abierta a la libertad de expresión.

"Cómo va a violar la Ley el difundir una declaración de Rosendo, por ejemplo, entonces todos los medios estarían violandola porque difundieron la información".

La suspensión de la jornada tradicional de los medios nacionales durante los dos meses de paro cívico, no es una excusa para actuar.

Según Heydra, "ellos no se están guiando por la Ley de Protección al Niño y al Adolescente, sino que utilizan el artículo el 209, ni siquiera si ese fuera el caso, porque la Ley no está aprobada, no hay ninguna que regule la radio y televisión, en consecuencia, lo que está vigente son los viejos reglamentos y ellos incluyeron ese artículo para poder efectuar esos procedimientos absolutamente discrecionales y arbitrarios".

Dice que hay tres artículos importantes, pero agregaron otros que son punitivos, te menciono el 125 que establece que el irrespeto de los diputados, del vicepresidente, ministros, fiscal, contralor, CNE, FAN, será multado con 3 mil unidades tributarias, si se repite en tres oportunidades por cinco años la concesión es eliminada, ahora quién determina el irrespeto porque si saco el eructo de Acosta Carles, eso es un irrespeto, entonces lo que están imponiendo es una mordaza".