Caracas, 5 Feb. Venpres. (Ludovico Quiñones).- En virtud de utilizar instalaciones públicas de la jurisdicción del Distrito Metropolitano para llevar a cabo El Firmazo, jornada de la oposición del domingo 2 de febrero, fueron acusados del presunto delito de peculado de uso, el alcalde mayor, Alfredo Peña; el prefecto de la Alcaldía Metropolitana, Reinaldo Gil Guevara y la jefe civil de la parroquia Macarao, Yanara González.

Tal denuncia la interpuso ante la Fiscalía General de la República, este miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional Juan Carlos Dugarte, quien recordó, al momento de hallarse en la sede del Ministerio Público, que entre los promotores de El Firmazo estaban los mencionados funcionarios, quienes valiéndose de sus respectivos cargos emplearon los bienes muebles e inmuebles del Estado, cuya administración les fue concedida para los usos asignados legalmente, mas no para actividades de índole política, tal como las que desplegaron en cada una de ellas por horas.

Según el parlamentario, los tres funcionarios públicos violaron los artículos 56 y 145 de la Constitución Nacional: el primero se refiere a que toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento (acto que se verifica en la jefatura civil correspondiente) y el siguiente establece que los funcionarios y funcionarias del Estado están a su servicio "y no de parcialidad alguna (...)".

Además, continuó Dugarte, adoptaron posiciones contrarias a sus funciones por lo que estarían presuntamente incursos en delitos de Salvaguarda del Patrimonio Público, como el establecido en el artículo 58 el cual expresa: "Toda persona que se desempeñe como funcionario público,que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún otro organismo público y cuya recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo, será penado con prisión de 3 a 10 años y multa de 20 a 60 por ciento del valor de los bienes".

Esos funcionarios municipales le negaron a la población el derecho a la presentación de sus hijos recién nacidos en las jefaturas; negarles el derecho a la educación al mantener las escuelas cerradas; no suministrar asistencia médica por el cierre de hospitales y centros ambulatorios, agregó. "Instalaciones como las estaciones de bomberos y sedes de jefaturas (civiles) fueron utilizadas como centros de recepción de El Firmazo. Situación que nos lleva a solicitar ante el Ministerio Público la inmediata detención de los ciudadanos Alfredo Peña, Reinaldo Gil Guevara y Yanara González, por estar presuntamente incursos en el delito de peculado de uso o delito contra la cosa pública" apuntó.

FIN/VP/LQ/COP