El presidente de la CTV Carlos Ortega, de Fedecámaras Carlos Fernández, y el representante de Gente de Petróleo Juan Fernández, serán demandados judicialmente por la Asociación de Víctimas del Paro (Videlpa), anunció ayer el máximo representante de la recién creada organización, Andrés Giussepe.

'La semana que viene podríamos estar actuando judicialmente contra por lo menos uno de ellos', indicó el también abogado, al término del foro realizado ayer en el Palacio Legislativo y en él participó el presidente del Indecu, Samuel Ruh, representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, del Ministerio de Producción y Comercio y el diputado Darío Vivas (MVR).

Giussepe indicó que la asociación ha recibido alrededor de 500 denuncias relacionadas con daños patrimoniales e individuales como consecuencia de la paralización cívica que ya casi alcanza dos meses. Indicó que la mayoría de dichos reclamos han sido hechos por trabajadores y comerciantes, entre estos últimos grupos que poseen negocios en los centros comerciales Sambil de Margarita y Plaza Las Américas de El Cafetal.

En la jornada de ayer se escucharon varios testimonios referidos a las pérdidas de pequeños empresarios, como el de Jaime Casas, propietario de una tienda ubicada en la segunda etapa del centro comercial Vista Place, de Guarenas, que se ha mantenido cerrada hasta ahora. Según relató, inauguró el local una semana antes de iniciarse el paro, con una inversión de Bs. 110 millones y deudas por Bs. 450 millones, con la perspectiva de lograr ingresos por entre Bs. 120 y 150 millones durante la temporada navideña. La aspiración no se cumplió y casi dos meses después de iniciada la paralización, Casas despidió a los cinco empleados que recién había contratado y se enfrenta al pago obligatorio de un giro por Bs. 45 millones que no puede honrar. 'Ahora me han dicho que la deuda no es refinanciable', expresó el comerciante.

Casos como éste serán asumidos por Videlpa, asociación promovida por abogados miembros de otra asociación, Profesionales de Venezuela, quienes prestarán asesoría a las personas afectadas para el enjuiciamiento de 'aquellas personas que sean o han sido autoras intelectuales y/o materiales, promotores, instigadores y encubridores de la violación de derechos humanos sociales y económicos.