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Fiscal Isaías Rodríguez informa acciones del Ministerio Público con respecto a varios casos
Por: LB
Fecha de publicación: 06/01/03
imprímelo mándaselo a
tus panas
Reibol hizo un resumen más eficaz que el nuestro:

Ante la presión ejercida por el pueblo y la opinión pública racional del país el Fiscal General de la República Doctor Julian Rodríguez (lo castigaremos al menos no llamándolo como a él le gusta), se dirigió al país por la pantalla de VTV, y expuso caso por caso el estado de las acciones ejercidas por su despacho para hacer justicia en los casos de los asesinos de la Peña Pol, la incitación a delinquir de los carlos, la programación violenta del Partido Medios de Conspiración que violan los derechos de los niños y adolescentes. A continuación el resumen de esta hora y pico de alocución:

Estamos averiguando, estamos acusando, nos han rechazado. Bueno hasta ahora nada. Muchas Gracias.

Al parecer se impondrá la máxima SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO. Justicia Popular



En una transmisión especial realizada el día de hoy, el Fiscal General Isaías Rodríguez informó sobre las medidas que está tomando el Ministerio público en relación a las masacres de Altamira y La Bandera, los hechos del 11 de abril, el llamado a la desobediencia tributaria y las violaciones de la TV con respecto a los niños.

Con respecto a la masacre de La Bandera, el Dr. José Pulido, fiscal 13 auxiliar (quien staba de turno ese día) se hizo presente esa misma tarde y luego fue respaldado por la Dra. Nelsy Millán, el Dr. Victor Barreto, El Dr. Landaeta y el Dr. Jesús Capote. Hoy designó un equipo definitivo conformado por Nelsy Millán, Jesús Jiménez y Florencio Pérez (quien además de abogado es médico).

Se están solicitando vídeos aficionados que se pueden hacer llegar a la Fiscalía. "Igualmente, estamos haciendo un concurso de entrevistas a testigos presenciales de los hechos" para establecer las responsabilidades del caso.

Con respecto al caso de los muertos en la Plaza Altamira, como bien es conocido, se ha imputado a Joao de Gouveia el crimen de homicidio calificado, homicidio en grado de frustración, porte ilícito de arma de guerra e intimidación pública, y a Frank Ignacio Piretersz se le imputó porte ilícito de armas de fuego. Con respecto a Gouveia, se han hecho entrevistas en los lugares donde trabajó o vivió investigando sus movimientos migratorios. Anunció que en las próximas horas se realizará un levantamiento planimétrico en el sitio de los sucesos apoyado por testimonios de los testigos. Se han realizado 21 entrevistas a testigos presenciales, 20 informes de experticias y aún siguen pendientes otras experticias por realizar.

Sobre los hechos del 11 de abril, de nuevo fue negada la aprehensión de diez efectivos de la Policía Metropolitana por parte del Juez Primero de Control del Estado Aragua. Se hará una apelación basándose en el hecho de que el juez no hizo un análisis sobre las evidencias aportadasporla Fiscalía.

Sobre los acontecimientos del 12 de noviembre del 2002, se ha señalado como presuntos responsables de la muerte de dos ciudadanos a efectivos de la Policía Metropolitana. Los fiscales han solicitado experticias técnicas (reconocimiento de un fragmento de plomo extraído de una víctima durante autopsia), inspección ocular en el sitio, solicitud de vídeos en medios de comunicación, etc.

Sobre el tema de la desobediencia tributaria, el Ministerio Público informó que se dio inicio sobre la misma. "En estos momentos se practican todas las diligencias para determinar responsabilidades de autores y partícpes del llamado a este delito", basándose en recortes de periódicos e información de medios de comunicación.

Con respecto a violaciones a la LOPNA por parte de los canales de televisión privados, una fiscal inició una investigación con respecto a la transmisión de programas que incitan al odio y a la violencia y afectan a los niños. La acción fue interpuesta el 26 de diciembre de 2002 a un tribunal de distribución el cual deberá remitir el caso a una sala de Juicio del Protección del Niño y Adolescente. Se solicita el cese de toda programación que incite al odio o produzca terror en niños, niñas y adolescentes; prohibir la participación de niños, niñas y adolescentes en eventos de corte político donde ellos sean utilizados para promocionar cualquier tendencia política en especial; se exhorta a las televisoras a difundir derechos, garantías y deberes de los niños en los programas infantiles y a propiciar actividades deportivas, recreativas, educativas o artísticas en dichos horarios y se solicita al ministerio Público la acumulación de esta acción con otras acciones que haya interpuesto la Defensoría del Pueblo y otros entes de protección al menor.





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