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La decisión del Gobierno de garantizarles inmunidad diplomática a las tropas estadounidenses que vengan a entrenarse a la Argentina generó ayer una sonora polémica.
El senador Eduardo Menem (PJ), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que el proyecto del Gobierno "sienta un pésimo antecedente". Su colega de banca Cristina Fernández de Kirchner le recordó al Gobierno que "esto no es una misión diplomática de un país, sino son tropas de entrenamiento". Y el precandidato radical Rodolfo Terragno se preguntó si los soldados estadounidenses "vienen a cometer actos de genocidio o violaciones a los derechos humanos para que Estados Unidos necesite tantas garantías" de la Argentina.
El canciller Carlos Ruckauf aseguró a este diario que "si un soldado norteamericano mata a un ciudadano argentino va preso en la Argentina", aunque reconoció que los militares que se entrenen en el país contarán con un grado de inmunidad diplomática.
Esta semana, el Departamento de Estado comunicó a la Cancillería su decisión de suspender los ejercicios militares conjuntos, planificados para octubre y noviembre en la selva misionera.
Acto seguido, el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, le explicó al canciller Carlos Ruckauf que el entrenamiento se reanudaría sólo si la Argentina le garantizaba "por escrito" al gobierno estadounidense la "inmunidad" de sus soldados. Específicamente, que ninguno de sus efectivos militares pueda ser juzgado en nombre del nuevo Tribunal Penal Internacional, una corte que se ocupará de castigar los crímenes de guerra, contra la Humanidad y genocidio.
La Argentina adhirió desde un principio a la creación del llamado Tribunal de Roma, al que hoy se opone con fervor la Casa Blanca. Por esta razón, Washington amenazó con retirar a sus tropas en el mundo si los países que adhirieron a la Corte Internacional no firman un acuerdo bilateral exceptuándolos de su aplicación.
El viernes pasado, tal como reveló este diario, los expertos de la Cancillería encontraron el atajo jurídico que cumple con la exigencia norteamericana y no necesita pasar por el Congreso: reconocerle a los soldados estadounidenses que ingresen a territorio nacional con status diplomático.
Los marines que pisen la Argentina serán recibidos como "personal técnico-administrativo", amparados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
En concreto, quien posee inmunidad diplomática se encuentra fuera de la jurisdicción criminal y civil del Estado anfitrión. Y no responde a la ley de ese país.
Fuentes diplomáticas consultadas por Clarín indicaron que la inmunidad que ofrece la Argentina podría, en un caso excepcional, ser aplicable a tropas internacionales, con mandato, de la ONU. Pero nunca a los efectivos de otro Estado.
Ruckauf dijo ayer que "la Argentina no va a modificar su actual legislación y sigue vigente nuestra adhesión al Tribunal Penal Internacional. No es verdad que vayamos a autorizar a los soldados norteamericanos a que puedan cometer delitos".
Lo cierto es que el Gobierno negocia el texto de un documento que satisfaga las inquietudes del Departamento de Estado para ponerle nueva fecha a los ejercicios. Tiene que ser un compromiso escrito y homologado por la Cancillería, es la condición norteamericana.
Pero calmar el reclamo norteamericano no terminará con la polémica. Ayer, dijeron varios legisladores sobre la cuestión:
· Eduardo Menem: "Dar inmunidad a los soldados transgrede lo firmado en Roma, al crearse la Corte Penal Internacional."
· Cristina de Kirchner : "Una locura. ¿Para qué firmamos el Estatuto de Roma que creó la Corte Internacional. La inmunidad tiene que ser tratada por el Congreso."
· Rodolfo Terragno: "Cuesta creer que Argentina organice este contrabando jurídico. Es un peligroso precendente."
· Nilda Garré (diputada Frepaso): "Esto es insólito y una violación al Tribunal Internacional. Es un subterfugio para hacernos creer que militares de EE.UU. vienen a cumplir funciones en una embajada."
· Carlos Raimundi (diputado ARI): "Es otra de las lacras de ser aliados extra OTAN. Me da vergüenza una decisión que es propia de una república bananera."
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