Diciembre 01 de 2016.- La masacre de Barlovento la llamaron. Entre el 25 y 26 de noviembre se hallaron 12 cuerpos en dos fosas comunes en avanzado estado de descomposición en Barlovento. Sus familiares ya habían denunciado su desaparición luego de que más de 20 jóvenes fueran detenidos sin una orden judicial o presunción de flagrancia en una operación de la OLP que desplegó 1300 funcionarios en la región costera del estado Miranda. Mes y medio estuvieron desaparecidos los muchachos, para luego aparecer ejecutados en el medio de la nada.

Andrés Antillano, estudioso del tema y activista por los derechos humanos, conversó con Supuesto Negado sobre este caso que vuelve a poner en el ojo del huracán no solo a la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, sino en general a las políticas de seguridad implementadas por el Estado.

El ministro Reverol calificó este hecho como un caso aislado. ¿Se le puede categorizar así?

Yo distinguiría “aislado” de “premeditado”. Yo no creo que sea una política premeditada, que haya una orden de alto nivel que haya autorizado a actuar de esa manera. Pero eso no quiere decir que sea un hecho aislado o fortuito.

En cuanto a cómo responde a una tendencia, en los últimos 2 años han sido persistentes los episodios de muertes a manos de las policías, incluso, algunos conocidos por la opinión pública. Tenemos por ejemplo el caso que pasó en Aragua, donde se filmó a unos funcionarios ejecutando a 3 detenidos. Denuncias de muertes de personas detenidas y sometidas a manos de cuerpos de seguridad, han sido constantes. Y están las cifras que dan los organismos, el Ministerio de Interior, la Fiscalía, esas estadísticas son vehementes.

El año pasado aumentaron en más de un 80% las muertes a mano de la policía, fueron más de 2 mil muertos. Eso representa más del 10% del total de muertes violentas durante este periodo. Y, durante este año, según fuentes extraoficiales  pero muy certeras, esa cifra supera ya los 5 mil, cuando aún no ha terminado el año. Es decir que hay una práctica de violencia policial letal sostenida, digamos que en muchos casos parece evidente, hay suficientes indicios que se trata de ejecuciones sumarias, y por demás, extra legales porque no existe la pena muerte. Pero aun suponiendo que la mayoría de los casos hayan sido resultado de enfrentamientos armados, hablaría de una política de alta letalidad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

No reduciría el asunto a la OLP. La OLP es un dispositivo que hace muy visible el problema, pero que distrae del centro de la situación. Estas muertes a manos de las policías se han repetido durante los operativos, que superan ya los 200, pero también en actuación de distintos cuerpos de seguridad: la GNB, el Cicpc, la PNB, policías municipales y estadales, incluso de signo político distinto, puede pertenecer a alcaldía o gobernaciones que manejan la oposición o el oficialismo. Aquí hay un consenso terrible al creer que la violencia policial, la mano dura, el exterminio es una manera eficaz de resolver los problemas de violencia del delito cuando todos los datos dicen que no. Es tan evidente que no es un hecho aislado, pues con unos días de diferencia ocurrió un hecho similar, dantesco, en Sucre, en Cariaco.

Entonces, no es un hecho aislado, no creo que sea intencionado ni que haya órdenes para eso. Pero tolerar que la policía utilice la violencia como forma de resolver el problema, no controlarla, ponerles tareas y tácticas de alta agresividad conducen a este tipo de episodios. Hay una política que, por acción o inacción, está contribuyendo con un exterminio. Es una política de exterminio porque hablamos de más de 5 mil muertes durante 2016.

Apenas con unos días de diferencia ocurrió un caso similar en Cariaco, Sucre. ¿Por qué Barlovento entonces ha tenido mayor exposición mediática y relevancia?

Quisiera insistir en que el problema no se reduce a la OLP, sino que es una política mucho más amplia, extensa y mucho más difusa. El número de homicidios en manos de la policía de Miranda, por poner una que no actúa en la OLP, ha crecido muchísimo en estos últimos 2 años. No es solo la OLP sino es una especie de permisividad para usar la violencia como forma de enfrentar la violencia.

Hay varias razones de por qué esto ocurre en Miranda. El problema es que la policía, a pesar de todas las denuncias, solo exceptuando los casos como el de Aragua con escenas macabras, no se investigan. Por el contrario, terminan las autoridades de los cuerpos policiales o de los responsables, legitimando y protegiendo a los cuerpos de seguridad. Entonces, hay una escalada de violencia y cada vez respetan menos las formas y las apariencias. No digo que es un problema de apariencias, pero son capaces de actuar de forma torpe, que creo que fue lo que pasó en Barlovento.

Los cuerpos de seguridad actúan confiados de que son intocables y que bajo el argumento de la lucha contra la delincuencia pueden hacer lo que les dé la gana. En este caso no hubo cuidado de las formas. Fue muy evidente y la comunidad se movilizó, que fue muy importante. Asesinaron a personas inocentes, que no creo que sea el factor determinante porque incluso si fueran delincuentes esta medida no se justifica porque implica rebajar la justicia al mismo nivel del crimen y así se pierde la superioridad moral de la justicia.

También hay que ver que la OLP ha sufrido un desgaste. Porque al principio la gente lo aplaude porque cree que es una solución, pero luego, cuando ve que no es una solución y que la violencia y el delito siguen campeando, y luego empiezan a tocar a gente más cercana, el apoyo se revierte. Esta política también responde al fracaso de las políticas anteriores de seguridad, pero con niveles de violencia inaceptable pues tratan de solucionar lo que no se pudo antes.

¿En casos como este se pudiese hablar de falsos positivos?

Yo creo que aquí el Gobierno está secuestrado candorosamente por los cuerpos de seguridad. Es una razón política, e incluso económica importante. Justificar el problema del delito mayor al existente. Por eso es que el discurso del paramilitarismo, que viene del ministro anterior, se impuso.

Yo hago en los barrios estudios sobre la violencia, y estos muchachos que están armados, sin duda cometen delitos muy graves que deben ser castigados en el marco de la legalidad, son los mismos muchachos que durante estos años de Revolución no han sido atendidos. No han recibido educación, están fuera del sistema de trabajo o no han sido incorporados en los espacios de participación. Esos muchachos son los hijos de la señora del consejo comunal, del vecino que participa en las misiones, pero que no hay políticas para ellos. Esos no son paramilitares colombianos. Pero ¿de qué sirve ese discurso del paramilitarismo colombiano? En los barrios eso ha sido un gran invento muy funcional para los cuerpos de seguridad porque construyó un enemigo que justifica la violencia policial y esa violencia es muy rentable para los cuerpos de seguridad. Es muy rentable porque eso les permite un mayor presupuesto, mayor utilidad pública, mayor poder político.

Pero de cara al mundo del delito también hay un gran negocio en la violencia policial. Hay funcionarios policiales, por ejemplo, que se lucran de las armas que le venden a estas bandas que existen en los barrios. Entonces, mientras más violencia y más ataques haya en contra de los delincuentes, más demanda tendrán de armas. Las armas y las municiones que usan los delincuentes no vienen del exterior, no caen del cielo, no vienen de Colombia y por supuesto no las producen en el barrio. Se las venden funcionarios de los cuerpos de seguridad. No solo eso, también están las prácticas extorsivas: hay personas que caen detenidas y les piden dinero o para no ir presos o para que no los maten. Entonces, mientras más violencia practican los cuerpos de seguridad, más oportunidades hay para la extorsión, para los mercados ilícitos.

Hablando de las armas, en estos operativos las cifras entre detenidos o abatidos no se compaginan con las armas incautadas, ¿cómo se explica esto?

La única situación que autoriza a un funcionario policial a accionar su arma de fuego es contra otra persona que pone en peligro su vida o la vida de terceros. Entonces, estos partes policiales que ha dado el mismo ministro, en el que por ejemplo mueren 20 personas y solamente consiguieron 8 armas de fuego significa que se reconoce que al menos 12 personas fueron ejecutadas, porque no podrían disparar si no es para neutralizar a un adversario armado. Pero es posible también que tenga que ver con un desvío de armas. Pero igual, creo que se trata de lo que ya expliqué, de grandes ejecuciones, asesinatos, para llamarlo con todas las letras. Asesinatos por parte del Estado, porque aunque no sean autorizados de forma explícita por funcionarios de alto nivel, estos funcionarios policiales encarnan al Estado para la gente más modesta.

Ha habido detenciones de personas robando comida con una altísima exposición de los cuerpos de seguridad como gran logro. ¿Se relaciona con eso?

El sistema penal y la policía sirven para reproducir relaciones de desigualdad. Sirven para reproducir un orden injusto, del capitalismo. Porque trata de manera distinta a los poderosos y a los débiles. Persigue y se ensaña contra los delitos de los débiles, de los pobres mientras tolera los ilegalismos de los poderosos. Es decir, no verás una foto donde aparezca un alto funcionario de un supermercado, un mercal o responsables de la Polar presos o incluso un funcionario de la GNB comprometido con el contrabando de extracción, como lo sabemos todos, que muchos están comprometidos con eso, nunca los verás expuestos de esa manera.

Los cuerpos de seguridad se ensañan contra los sectores más pobres. Por eso cuando actúan con violencia lo hacen no contra los delincuentes más poderosos sino contra los más vulnerables. Cabría recordar que una de las primeras cosas con las que acabó Chávez fue acabar con el hurto famélico, es decir el robo en condiciones de hambre. Esto contradice por completo la idea de una sociedad más justa y más solidaria, que estemos persiguiendo a muchachos que están buscando matar el hambre. Y eso revela el carácter de clase de los cuerpos de seguridad y el sistema penal.

En el caso de Barlovento la respuesta del Gobierno ha sido inmediata y contundente. ¿Se puede hablar de un respaldo por parte del Estado? ¿Esto podría contribuir a que no se repitan estos episodios fatales?

Estoy de acuerdo en que la respuesta fue oportuna y contundente y esto hay que subrayarlo. Es muy importante porque si uno ve cómo se comporta la muerte por resistencia a la autoridad, que es como mayormente se registran este tipo de episodios, históricamente se ven abruptas caídas cuando se toman medidas. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes asesinados en el barrio Kennedy por parte de funcionarios policiales, en esa época los asesinatos en manos de los policías venían creciendo porque tenían una especie de licencia para poder reducir la inseguridad. ¿Qué ocurre? Que el ministro para la época, Jesse Chacón, decide que se investigue hasta las últimas consecuencias hasta que se detienen a los implicados y luego se detienen este tipo de procedimientos y caen abruptamente las muertes por resistencia a la autoridad. Es decir, una respuesta clara por parte del poder para que no sigan ocurriendo estos episodios tiene un efecto inmediato en la reducción de asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad.

Por eso insisto en que no creo que sea una política premeditada por las autoridades, pero si el Ejecutivo lo tolera entonces seguirá ocurriendo.