Caracas, 23 de octubre de 2016.- Integrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución junto a dirigentes de Marea Socialista, emitieron un nuevo pronunciamiento en torno a las circunstancias que rodean a la democracia venezolana y particularmente a los nuevos obstáculos que se han presentado frente a la eventual realización de un Referendo Revocatorio constitucional para que el pueblo sea quien evalúe la continuidad o salida del presidente Nicolás Maduro. Esta nueva referencia política que se viene levantando, con la concurrencia de ex ministros y ex ministras del Comandante Chávez, constituyentistas, profesores, luchadores sociales, ambientalistas e indigenistas, junto con miembros del movimiento Marea Socialista, insiste en que los problemas de la democracias sólo pueden resolverse con más democracia y nunca con menos.
Así lo afirman en su más reciente documento, dado a conocer hoy, y en el que recuerdan que desde hace varios meses, han venido advirtiendo acerca de "peligrosas tendencias en el comportamiento de quienes pretenden dirigir tanto al gobierno cada vez menos popular y menos chavista de Nicolás Maduro", como también en el comportamiento de aquellos a los que consideran como sus "cómplices", ubicados en las filas de la oposición de derecha, que para ellos "funge" como oposición, pero vendría siendo parte de un juego en el que ambos factores buscarían a trastienda un pacto anticonstitucional.
Entre los firmantes del mencionado documento, se encuentran los ex ministros y ex ministras Ana Elisa Osorio, Oly Millán, Héctor Navarro y Gustavo Márquez; el constituyente Freddy Gutierrez Trejo; el Mayor General (R) Cliver Alcalá Cordones; los profesores y luchadores sociales, ambientalistas e indigenistas Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada y Edgardo Lander; y los integrantes del Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista: Juan García, César Romero, Gonzalo Gómez y Nicmer Evans.
Los y las firmantes del documento enumeran los pasos que han venido dando en la denuncia y reclamo de correctivos ante todas estas situaciones que para este reagrupamiento político se ha venido sometiendo al país y a la población venezolana: una "escandalosa corrupción" que, aseguran, "afecta la soberanía nacional, así como derechos humanos fundamentales establecidos constitucionalmente y en diferentes leyes de la República".
Recuerdan haber interpuesto, sin respuesta constitucional de los poderes públicos, una demanda ante el TSJ por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto 2248 del Presidente Nicolás Maduro mediante el cual se crea el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), al que califican como "la mayor entrega a los intereses imperiales globales" desde que comenzó la explotación petrolera.
También expresan haber insistido en el reclamo de respeto por el derecho constitucional a revocar o ratificar mediante un referendo al Presidente de la República o a cualquier otro funcionario electo. Señalaron como "un error político" de quienes "pretenden dirigir la revolución" y una "violación a la Constitución, el uso de subterfugios leguleyos y excusas pseudo técnicas para impedir el cumplimiento de esta garantía constitucional."
Al respecto condenan la actuación de tribunales penales de algunos estados de la República que, desde el punto de vista jurídico, "no tienen competencia para revertir lo ya resuelto por uno de los poderes nacionales, el Poder Electoral". Afirman que la comisión de supuestos delitos por miembros de organizaciones políticas opositoras en la recolección de firmas en pro del Referendum, no puede "nunca afectar derechos fundamentales de toda la sociedad".
Por una serie de acontecimientos, advierten que "desde el poder y el gobierno se está construyendo... un edificio autoritario" que afectaría a las garantías, los derechos económicos y sociales, la condición soberana del país y las formas republicanas y democráticas de gobierno, establecidas en la CRBV; camino que con alarma manifiestan que conduce a un "gobierno de facto" y "a la ilegitimidad más absoluta, a la ilegitimidad ante el pueblo".
Atribuyen el origen de todo esto a "compromisos con centros económicos de poder tanto nacionales como internacionales, están llevando progresivamente pero sin pausa a la muerte del sueño chavista". Y por todo ello se declararon, como lo manifestaron recientemente, en ejercicio del Artículo 333 de la Constitución CRBV que establece que... "La Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia." Anuncian su decisión y compromiso de hacer todo lo necesario para el cumplimiento de ese deber constitucional.
Enlace al TEXTO DEL DOCUMENTO: www.aporrea.org/ideologia/a235997.html