¡Basta de mafias!

Marea Socialista pide que se aclare el caso de los mineros en Tumeremo y aboga por una política soberana del oro

Motivado por la fuerte polemica desarrollada a partir de los hechos ocurridos en el municipio Sifontes, Estado Bolivar, Marea Socialista Caracas envio un pronunciamiento exigiendo la aclaratoria de la situación e insto a las autoridades correspondientes a tomar con seriedad este asunto tan delicado. A continuación el comunicado:

Por una política soberana del Oro. ¡Basta de mafias!

Que se aclare el caso de los Mineros en Tumeremo

El pasado sábado 05 de Marzo habitantes del municipio Sifontes, ubicado en la zona occidental del estado bolívar, cerraron el paso vehicular de la Troncal 10, principal vía de acceso a la capital del Municipio. La acción de protesta se llevó a cabo para denunciar la desaparición de varios mineros que viven en Tumeremo. Personas de la comunidad y familiares de los desaparecidos sospechan que estos fueron asesinados, en la madrugada de ese sábado, por grupos de minería ilegal y exigían la entrega de los cuerpos y la presencia del Gobernador del estado Bolívar en Tumeremo para abordar la situación

A pocas horas de los hechos, diputados de la MUD, específicamente Andrés Velásquez y Américo de Grazia, dieron distintas declaraciones por las redes sociales entorno al número de mineros asesinados.

El oportunismo de la MUD y la respuesta inerte de Rangel Gómez

Enseguida aparecieron titulares en distintos medios con informaciones diversas, basadas en las declaraciones de dichos diputados. Inicialmente eran entre 20 y 30 mineros, luego 27, posteriormente 30, y finalmente Grazia pública en su cuenta twitter el nombre de 17 personas presuntamente desaparecidas. Situaciones tan delicadas demandan veracidad y declaraciones responsables. Es una cuestión de respeto al pueblo. Se trata de vidas humanas, no de maquinaria ni de objetos perdidos. No son números, cada uno de ellos son personas. Ignorar datos o pasarlos por alto, evidencia que la derecha solo interviene en el caso buscando capitalizar políticamente el hecho. Su acción es oportunista.

Igual de desacertadas son las declaraciones del gobernador. En una entrevista para VTV, afirma que es “absolutamente falsa, la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando en relación a veintitantos muertos…”, y luego agrega que “no hay absolutamente nada” después de un realizado por la GNB. Lo curioso es que luego de afirmar que no hubo “absolutamente nada”, en la misma entrevista asevera que presuntamente ocurrió un enfrentamiento. En seguida Rangel Gómez, haciendo caso omiso de que a esas horas los manifestantes aún se encontraban en las calles protestando, desvía la atención del tema con acusaciones contra los diputados de la MUD y recalcando que la política del gobierno con respecto a la explotación del oro es “definitivamente acertada”.  

Ciertamente la derecha puede manipular la información a su favor, pero el hecho concreto es que sectores del pueblo salieron a manifestarse y que hipotéticamente, en horas de la madrugada, habría ocurrido un enfrentamiento en una de las minas, cuestión que reconoce el mismo gobernador dos días después en una rueda prensa. En esta afirmaba que “debió haberse efectuado un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona”, contradiciendo sus declaraciones anteriores en el que desmentía categóricamente los sucesos.  

Salieron a la luz pública nombres de personas presuntamente desaparecidas. La mínima respuesta del gobernador debió haber sido que llevaría a cabo las investigaciones hasta el final con las instituciones correspondientes, sin embargo este no tuvo ninguna intención de hablar del tema.     

Nos preguntamos, ¿Acaso dichos enfrentamientos, generados por grupos delictivos de minería ilegal, no generan heridos y muertos? ¿Se ignora que en los últimos años ha aumentado el número de homicidios causados por estos grupos delictivos? ¿No son frecuentes las acciones de grupos ilegales que contrabandean oro?  ¿Es falso que personas de la comunidad y familiares de las víctimas trancaran la troncal de Tumeremo para exigir justicia? ¿O es que ahora las fotos y vídeos de las manifestaciones son un montaje? ¿Por qué se ignoran las denuncias?

Lo cierto, es que a pesar de que no hay nada certero y es muy temprano para afirmar cosas concretas del caso, explotó un problema social muy grave, invisible a la opinión pública, y al cual se le deben buscar soluciones de fondo.

Minería Ilegal: Un problema al que el gobierno no ha dado respuesta

Es constatable como ha aumentado la desidia  en los distintos sectores y comunidades en las que se explota el mineral precioso. El estado de abandono en los servicios de transporte, luz y agua potable es crítico. La ausencia de una política de atención por parte del estado, ha generado una especulación descontrolada en los productos de primera necesidad, llegando a ser más costosos que en ciudades como Caracas o Valencia. Los grados de contaminación han generado, según testimonios de habitantes de las zonas más alejadas, que sea más saludable consumir Coca-Cola en vez de Agua. Sumado a esta situación, los grupos de la minería ilegal, en complicidad con la GNB, han pasado a controlar zonas como sí estos fueran el gobierno nacional. Son zonas “pranizadas”, en los que las distintas mafias se disputan y reparten el territorio para su negocio, e instalan su pequeña parcela paralela al estado. Estos grupos gobiernan e imponen su autoridad a través de la violencia.

Esta situación se ha agravado con el pasar de los años, y el gobierno nacional y los distintos gobiernos locales han tenido una política de omitir la realidad. Sorprende aún más, las declaraciones  del gobernador Rangel Gómez, luego de negar los sucesos, en las que afirma que el gobierno ha llamado a los pequeños mineros (más de 5000) a constituir pequeñas empresas entre ellos mismos en conjunto con el estado. Esta política, sumergida en la lógica del capital, profundizaría aún más la  lógica de competencia y explotación indiscriminada del oro en la que se encuentran actualmente los mineros artesanales.  Se acentuaría el deterioro social.

La explotación de recursos naturales no puede quedar a la deriva de pequeños grupos de comerciantes ni de pequeñas cúpulas del estado. Es una cuestión de soberanía, que debe ser administrada por el estado con una política nacional, y más aún si genera alto impacto ambiental.  Además, por la lógica rentista y clientelar del estado crear pequeñas empresas para la explotación de un recurso tan lucrativo, induce a una acumulación enorme de capital por parte de las camarillas que controlen dichas empresas.

A esto habría que agregar, que a finales del mes pasado, el gobierno firmó un acuerdo con Gold Reserve por 5000 millones de dólares, en el marco de la explotación del Arco Minero. Una política de entrega “en bandeja de plata” de una de las mayores reservas de oro a la transnacional Canadiense, que explota indiscriminadamente el metal precioso y que solo produce contaminación y un incremento de la miseria en las zonas donde se instala. Al final, se inscribe en la lógica de obtener recursos para gastar, en este caso para contribuir a tapar el déficit fiscal, fuera del marco de  una estrategia de desarrollo nacional (la que, además de contribuir a diversificar la economía debe ser social y ecológicamente sustentable).

Por una política soberana del oro y una aclaratoria de la situación

Hasta el día de hoy el panorama es muy turbio, lleno de declaraciones confusas y débiles que no ayudan a tratar el tema. Las dirigencias de la MUD y el PSUV están muy deslegitimadas como para asumir que dicen la verdad.

Por ello en primer lugar, todas las instituciones correspondientes deben actuar. Ya el Ministerio Público inició las investigaciones, sin embargo no basta. Ante denuncias tan graves, deben intervenir instituciones como la defensoría del pueblo. La situación que padecen los habitantes de los estados mineros no es menor.

En segundo lugar, se debe permitir la participación activa de los denunciantes y personas de la comunidad en el caso. Que todas las evidencias y avances en las investigaciones sean conocidas por estas personas. Conocemos el deterioro de las instituciones del estado y de los intereses económicos en juego. Lo único que puede garantizar una aclaratoria transparente de los hechos es la participación del pueblo.

Por último, debe existir un cambio radical y plantear una política más acertada para la explotación del oro, partiendo de que la llevada a cabo por el gobierno es entreguista y fracasada. Este problema continuará si las mafias del oro siguen manteniendo su negocio. Debemos empezar a abrir un debate público sobre la explotación minera. ¿Es posible un plan de explotación independiente, en el que se reduzca el impacto ambiental por completo, que sea administrado por el estado con participación del pueblo, al que se le pueda ejercer contraloría social, y que acabe con las mafias y el enriquecimiento de pequeños sectores que solo generan penurias al pueblo venezolano? ¿O aunque la explotación la lleve a cabo el Estado, esta es ambientalmente dañina, dada la escala de producción, de las tecnologías y del negocio? además de repercutir negativamente sobre poblaciones indígenas. Estas son cuestiones centrales a las que se les debe buscar respuesta. 


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