Caracas, febrero 13 - "No habrá familia en el país que no tenga su vivienda propia y digna", fue la promesa que hizo el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 13 de febrero de 2011, cuando anunció que "estaba cocinando" la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), y planteó que la única posibilidad de responder a la necesidad de un techo para el pueblo está en manos del socialismo, que no ve la vivienda como mercancía.

El 30 de abril de ese año ocurrió el lanzamiento de ese ambicioso programa, que desde entonces ha cambiado la vida de más de un millón de familias, quienes ahora cuentan con un hogar digno, seguro, cómodo, y que les brinda la oportunidad de acceder a los servicios básicos esenciales y a un hábitat más humano.

En los últimos cuatro años la Misión Vivienda ha aprovechado los espacios que se encontraban ociosos dentro de las ciudades para edificar urbanismos que contribuyan a contrarrestar el déficit habitacional del país, calculado en 2,7 millones de casas, y garantizar el acceso del pueblo al vivir bien.

La familia conformada por Ana Rangel y Evert Coneo, son propietarios de un apartamento del urbanismo Santa Rosa I, ubicado en la avenida Libertador de Caracas. Anteriormente estos padres de una niña con discapacidad motora habitaban dentro de un galpón, en un terreno situado al lado de un taller mecánico, en donde hoy se encuentran los edificios construidos por la GMVV.

"Para vivir en ese galpón teníamos que pagar un alquiler. El último que pagó mi esposo hace 7 años fue de 1.100 bolívares, por eso decimos que este hogar es lo mejor que nos ha podido pasar, nos cambió la vida, incluso una doctora de la misión cubana viene hasta el urbanismo a hacerle terapia a mi hija y a ver a otros niños", relató Rangel.

Esta familia, como otras miles dentro del territorio nacional unieron esfuerzos con la comunidad, se organizaron y le presentaron al Gobierno Bolivariano un proyecto para construir viviendas dignas sobre el terrenos desaprovechados.

"Ahora uno ve estos edificios en donde estaba el galpón, y me siento feliz de ver mi proyecto, ver que es una realidad, que es el hogar de 236 familias", dijo esta viviendo venezolana.

La trampa de la derecha

La posibilidad de acceder a un hogar digno y a una mejor calidad de vida se encuentra amenazada ante el proyecto de ley presentado por Julio Borges, diputado del partido de derecha Primero Justicia, ante la Asamblea Nacional (AN), y que tiene como propósito mercantilizar las viviendas otorgadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El documento aprobado en primera discusión por la mayoría circunstancial de la derecha en el Parlamento, pretende eliminar los precios justos de los terrenos para ajustarlos al mercado especulativo, de manera que sea imposible su adquisición por parte del Estado para edificar los urbanismos.

El diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, alertó que este proyecto pone en riesgo la adquisición de las 30.000 hectáreas de terreno necesarias para la construcción de las 2 millones de casas que tiene como meta la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) para 2019, para completar un total de 3 millones de techos dignos en todo el país.

"Están condenando a la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque no habría dinero para comprar las mas de 30.000 hectáreas para construir las casas que nos faltan", indicó el parlamentario, quien denunció que el documento propuesto por Primero Justicia crea modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros como medio para cubrir el pago de los terrenos, por lo que el proceso de compra y venta se podría realizar a través de acciones de empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Por su parte, Federico Bornachera quien pertenece al Consejo Comunal promotor del Urbanismo Santa Rosa I y II, señaló que el estatuto promovido por la oposición niega a las familias de bajos recursos la posibilidad de acceder a comunidades urbanas, obligándolas a vivir en terrenos rurales e inestables, y en las periferias de las ciudades, tal y como fue habitual durante los gobiernos de la IV República.

También rechazó interés de los parlamentarios de la derecha en bloquear la participación del Poder Popular organizado en el diseño y planificación de políticas habitacionales, limitando sus acciones a la construcción.

"Esto afectaría a movimientos de pobladores, consejos comunales, y todas las organizaciones populares que participan en la planificación de sus viviendas. Le están quitando su derecho al pueblo de presentar sus proyectos y participar en la construcción de sus hogares en terrenos ociosos", manifestó.

Recordó, que la misma oposición que cuestionó durante años la realidad de la GMVV, ahora no solo la reconoce, sino que quieren convertirla en mercancía para beneficiar a la banca e inmobiliarias privadas, y someter al pueblo a sus prácticas especulativas.

"Ellos nunca han estado en las luchas junto al pueblo y menospreciaron este visionario programa denominándolo misión maqueta, y ahora nos proponen al pueblo una trampa caza bobos. A ti te dan el apartamento y viene el que tiene billete y te propone equis cantidad de dinero, la vendes y después ¿qué haces con los reales? te los gastas; y luego terminas debajo de un puente, lamentablemente eso es una trampa que están poniendo", alertó Bornachera.

Propiedad familiar

El proyecto de Ley de la derecha pretende desconocer el blindaje jurídico del sector vivienda que fue otorgado por el Estado y el Poder Legislativo con la Revolución Bolivariana.

El texto supuestamente prevé otorgar título de propiedad a las personas atendidas mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela y los otros proyectos habitacionales construidos por el Gobierno Nacional, cuando la realidad es que estas familias cuentan con un documento legal que les garantiza que son propietarios de sus hogares dignos.

Mientras que la oposición niega que se emiten y firman documentos de propiedad en los registros públicos de todo el país; el Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat (Banavih), el Órgano superior de vivienda, junto con los registros y el pueblo protocolizan los documentos de acuerdo con la Ley del Régimen de Propiedad para la Vivienda.

"Mi familia y yo somos propietarios de nuestro apartamento, no es como dice Julio Borges que ellos (la derecha) nos van a dar una propiedad, nosotros tenemos nuestro documento legal que nos respalda y protege", expresó Ingrid Aguado, quien desde hace 3 años habita en el urbanismo OPP 12, ubicado en Bellas Artes, Caracas, junto a sus dos hijas y tres nietos.

La familia de esta venezolana, junto con otras 29 mil, perdió su casa como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas a finales de 2010 y luego se trasladó a un refugio hasta que el 27 de diciembre de 2012 recibió la llave de su nuevo hogar.

"Tenemos nuestra casa aquí, estamos muy bien, y el cambio respecto al lugar donde vivía antes ha sido bastante bueno. Aquí estoy bien, feliz y contenta porque tengo a mi familia, tengo acceso a todos los servicios, y vivímos en un lugar seguro que no se caerá por las lluvias, todo esto gracias al la Revolución Bolivariana y a mi comandante", dijo, mientras señaló las fotos del líder socialista ,Hugo Chávez, que decoran las paredes de su apartamento.