(Caracas, 28 de mayo de 2015) La directora general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yurima Gil, informó que en lo que va del año 2015 han sido imputadas 2.397 personas que estarían incursas en delitos económicos.

Durante el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Gil indicó que durante estos primeros cinco meses del año ha sido acusadas 871 personas, de las cuales 196 ya fueron condenadas.

Adicionalmente, señaló que en el mismo período el Ministerio Público ha presentado acusación contra 1.802 personas y casi 500 han sido condenadas.

La directora general precisó que actualmente coordina un equipo conformado por 183 fiscales a escala nacional y 12 expertos, quienes trabajan con el propósito de articular con el Ejecutivo Nacional las medidas para la luchar contra el contrabando.

Además, manifestó que se cuenta con el apoyo del coordinador de Delitos Fronterizos del Ministerio Público, Julio Ortega, al igual que los 24 fiscales superiores.

En consecuencia, recordó desde agosto de 2014, la institución forma parte de la Comisión Nacional Presidencial de la Lucha contra el Contrabando, a fin de atender todos los temas relacionados con este flagelo y aminorar esas acciones delictivas.

Explicó que el trabajo se realiza en conjunto con varias instituciones del Estado venezolano y se basa en la coordinación de experticias, inspecciones, allanamientos, así como todas las acciones que se derivan de una investigación penal, en este caso, atender la comisión de los delitos económicos señalados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

De esta manera, comentó que las personas que incurren en estos delitos, lo hacen a través de diferentes modalidades, por ejemplo aquel que revende un producto regulado, está haciendo un tipo de especulación para obtener una ganancia indebida.

Indicó que esto genera un impacto en los índices inflacionarios, el flujo de efectivo, afectando así diversas áreas de la economía.

Por otra parte, Gil destacó que ante organizaciones de delincuencia organizada, la cuales están siendo estructuradas para cometer este tipo de actividades ilícitas, no sólo se debe actuar contra las personas sino también contra sus bienes.

En ese sentido, señaló que el fiscal del Ministerio Público puede solicitar ante los tribunales de control medidas de aseguramiento, consistentes en el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de enajenar y gravar bienes, e incautaciones que permiten tomar los objetos y bienes que fueron utilizados para la comisión de delitos o que fueron producto de ellos.

Adicionalmente, la alta funcionaria explicó que luego de la incautación de alimentos perecederos acaparados o desviados, el Ministerio Público solicita ante el respectivo tribunal de control la disposición anticipada de esa mercancía, es decir, la autorización para colocar esos productos a disposición de la población, a través de ventas supervisadas por la Superintendencia de Precios Justos.

Respecto al decomiso de combustible, Gil precisó que el fiscal pide ante el órgano jurisdiccional el trasegado del material, el cual consiste en la limpieza de la sustancia para poder ser vendida a sus mercados de origen, como son las estaciones de servicio.

En cuanto al material estratégico, como el cemento, se solicita una disposición anticipada para que se coloque a la orden de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y se realice la venta del producto directo al consumidor.

Finalmente, indicó que si la incautación fue de un material reciclable, como chatarra o aluminio, el mismo se pone a disposición de una empresa del Estado, para la fabricación cabillas.