21 de abril de 2015.- En sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a las recientes agresiones injerencistas del Senado de España contra Venezuela, en las cuales el país europeo exigía la liberación de los derechistas Leopoldo López y Antonio Ledezma, vinculados con los hechos golpistas ocurridos en el año 2014 conocidos como "la salida", que dieron como resultado la muerte de más de 40 personas y dejó otras 800 heridas.

En abril de 2002, ambos integrantes de la extrema derecha participaron en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. Esa acción violenta contó con el apoyo del gobierno de España y Estados Unidos.

El proyecto de acuerdo presentado este martes, surgió como una propuesta del diputado Darío Vivas, quien expresó que Chile fue otro de los países que se sumó a esta acción, la cual atenta contra la soberanía de Venezuela al emitir opinión sobre asuntos internos de la nación.

“Barack Obama y una parte del Congreso de Chile, del Congreso español y del Congreso colombiano defienden a estos prohombres de la corrupción, de la vagabundería, del asesinato, de la represión, de la desaparición de hombres y mujeres, por el solo hecho de pensar distinto, acordémonos de la cuarta República”, expresó el parlamentario, en transmisión del canal de la Asamblea Nacional (ANTV).

Vivas criticó que parlamentarios de Colombia también hayan extendido su apoyo a la liberación de ambos ciudadanos, bajo la excusa de que de no cumplir con esta petición, ese país podría atravesar una crisis humanitaria.

"Dicen que si no se resuelve este caso, esto puede derivar en una crisis humanitaria en Colombia, como si Colombia no estuviera ahorita pasando por una crisis desde hace mucho tiempo; y nosotros desde aquí, desde nuestra patria, lo que hemos hecho es atender a nuestros hermanos colombianos”, manifestó Vivas.

Durante el debate de este punto, la diputada revolucionara Desirée Santos Amaral tomó la palabra para rechazar la actitud del Senado español contra Venezuela, al tiempo que recordó que, producto de la crisis económica, familias con niños, ancianos y ciudadanos con discapacidad han sido desalojados y echados a la calle.

"¿Acaso eso no es indicativo de que en España se violan los derechos humanos? Especialmente los más elementales: el derecho a la vivienda, a la educación, el empleo, la comida, hasta la vida", destacó la diputada, al tiempo que recordó que el suicidio es la primera causa de muerte no natural de los españoles, quienes cometen este acto ante el miedo de quedar en las calles.

"Aquí —en Venezuela— se han entregado 700.000 viviendas, aquí los niños van a la escuela, y los españoles no nos pueden señalar por eso, pero nosotros si. Este es un país donde todos tienen sus derechos garantizados", afirmó.

Por su parte el diputado Yul Jabour, manifestó que aún sigue desarrollándose desde el exterior "todo un plan multifacético en contra del gobierno venezolano, un plan multifacético que tiene aristas en lo político, en lo democrático, en lo económico, en lo militar y lo cultural. La derecha se articula para salir al unísono a atacar a los procesos de cambio que se viven en nuestro país", sostuvo.

El pronunciamiento del senado de España sucedió este mes, y fue rechazado por los diputados Joan Tardá, del ERC (Izquierda Repúblicana de Cataluña); y Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural. Nuet replicó la demanda del parlamento español y llamó a no pedir que se incurra en la impunidad.