Puerto Cabello, agosto 18 (REDACTA).- La presidenta de Participación Ciudadana, Yudith Sosa, denunciará a un grupo de concejales ante la Fiscalía Superior del Estado Carabobo, por el retraso en la aprobación del proyecto de Ordenanza del Consejo Local de Planificación, lo cual considera como un incumplimiento constitucional. Antes de ejecutar esa acción, en una sesión extraordinaria que está pautada para este lunes 19, Sosa le exigirá a los miembros de la cámara municipal, una explicación de su irrespeto al mandato legal, pues el 30 de julio se venció el plazo que tenían para aprobar el instrumento regulador de los CLPP.

Su intención es comprobar la existencia de fundamentos de las omisiones y negligencias demostradas por los ediles en el proceso de instalación del consejo. Criticó que, aun contando con el proyecto de ordenanza presentado por la organización no gubernamental, seis de los nueve concejales rechazaron el documento, a pesar de que la Asamblea Nacional no ha extendido el plazo para la creación de los CLPP.

Informó que en la sesión se realizará la segunda discusión del proyecto de ordenanza. -Mientras que, de manera paralela, discuten la propuesta con asociaciones de vecinos. Y convocan para el mismo día -apuntó- a los habitantes de las parroquias Unión, Fraternidad, Borburata y Patanemo, lo cual demuestra una total incoherencia y falta de respeto hacia el ciudadano. Sosa recordó que “desde el pasado 2 de julio, los concejales recibieron la propuesta de ordenanza de nuestra ONG, pero lo han rechazado por el afán de incumplir la obligación legal”.

-Además, no han suministrado copia del proyecto a los vecinos, por eso no entendemos cómo pretenden recoger sugerencias, si niegan el principal instrumento de trabajo.

La presidenta de Participación Ciudadana también denunció la presunta ilegalidad de la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debate de la cámara edilicia, por eso pidió al defensor del pueblo en Carabobo, Joel Pérez Marcano, que estudie la violación del instrumento legal. Recordó que la ordenanza fue sancionada por el alcalde Osmel Ramos en septiembre de 2000, para regir las actuaciones de los concejales.

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