José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch, afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que sobreseyó la causa a los altos oficiales acusados de rebelión militar, fue un dictamen político. “Es lamentable, pero el Tribunal cedió a las presiones políticas.” “Esta decisión va contra el sentido común. No se necesita hacer un análisis muy entreverado ni se requiere una interpretación demasiado profunda para saber que fue una decisión política y no jurídica. Eso está en el ambiente”, agregó.

Hizo hincapié en que el máximo tribunal del país perdió la oportunidad de afianzar el Estado de Derecho y recuperar su credibilidad como institución, al no dictar un fallo ajustado a Derecho. Destacó que para la comunidad internacional, y los venezolanos, es claro que el 11-A se produjo un golpe de Estado y que este fallo fue poco afortunado en términos de credibilidad para el TSJ.

Puntualizó que al margen de la opinión que alguien pueda tener sobre la sentencia, ésta debe ser acatada. “Así nos parezca injusto o una decisión política y no jurídica, debe ser cumplida”.

El dictamen, dijo, contribuirá a avivar los ánimos ya exaltados del país. “El más perjudicado en todo esto es el mismo Poder Judicial. La oposición ahora cree que tiene al TSJ en el bolsillo y que puede “contar” con él. Para quienes no comparten el fallo, pierden fe en la institución”.

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¿Qué paso de verdad el 11-A? El sociólogo y sacerdote jesuita José Virtuoso considera que la sentencia trasciende al argumento jurídico que puede existir acerca de la rebelión militar. “Los venezolanos necesitamos como sociedad una explicación sobre lo que realmente pasó el 11-A. Se impone una explicación de qué fue lo que ocurrió. ¿Si no hubo golpe de Estado o rebelión militar, qué fue lo que ocurrió?”, inquirió el sacerdote. Destacó que la sentencia resuelve el problema de una demanda concreta, pero no soluciona el dilema acerca de qué es lo que está pasando y hacía dónde vamos. Virtuoso subrayó que el fallo del tribunal arroja muchas más dudas sobre el futuro político del país.

“Esa decisión va a generar muchos más problemas de los que resuelva, pues al no dejar claro lo sucedido se van a generar acciones que enturbiaran el proceso político y ahondaran la crisis que vivimos”, vaticinó.

En su opinión, las presiones provenientes de altos funcionarios del Gobierno y representantes del oficialismo hacia el Tribunal, fueron muy mal manejadas. “Pareciera que no queremos respetar la división de poderes que son autónomos, esto pone de relieve que el principio de separación de los poderes no es aceptado”, acotó. En relación con los disturbios que han ocurrido en el oeste de la ciudad, el prelado aseguró que han sido sólo conatos y expresiones de grupos descontentos y acciones localizadas y concretas. Ratificó que con esta sentencia se agudiza la crisis política del país, porque se siguen cerniendo más sombras sobre los problemas. Con respecto a las criticas que el oficialismo ha hecho contra los magistrados, señaló que “estamos ante un escenario bufonesco: decimos una cosa un día y al otro decimos lo contrario. No se puede permitir que funcionarios del Gobierno digan que los jueces de la corte eran probos y ahora ya no lo son. Eso es cantinflérico e irracional”, y agregó que esta situación pone en evidencia que hay una crisis institucional terrible de la cual no escapa la oposición. La crisis de fondo, dijo el sacerdote, es nuestra incapacidad de construir instituciones. El hecho es que ese es el TSJ que tenemos; esas son las reglas de juego y no se pueden desconocer, pues de hacerlo provocaría más violencia.

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¿Juicio al Presidente?

El profesor Pedro Guevara, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, aseveró que la sentencia prepara el terreno para un eventual enjuiciamiento del Presidente por delitos de lesa humanidad. “El camino que la oposición piensa seguir ahora es procesar al Presidente por delitos de lesa humanidad. Será inaceptable para los chavistas”. Dijo que el fallo no puede considerarse jurídico pues estuvo politizado. “Sin ser chavista, cuesta bastante creer que no se hayan encontrado elementos que ameritasen el inicio de un juicio. Se trataba de que ante una inevitable decisión politizada, buscar la salida polít! ica menos conflictiva”, aseguró.

En su opinión, la salida era sobreseer a los altos oficiales o amnistiarlos, algo similar a lo que le sucedió a los militares que dieron el golpe de Estado en 1992. “Eso hubiese sido políticamente más aceptable”. Destacó que para los partidarios del Gobierno es inaceptable que el Tribunal no haya encontrado ningún elemento para abrir un juicio, y que además la mayoría del TSJ pueda enjuiciar al primer mandatario. “Y eso causa tensión. No es sólo la situación de la sentencia lo que realmente los preocupa, sino lo que vendrá después”, finalizó Guevara.