Denuncian que Capriles violenta los derechos de servidores públicos de Miranda

Henrique Capriles Radonski

Henrique Capriles Radonski

Credito: web

20 de Enero.- Un grupo de bomberos de Miranda denunció que el gobierno de Henrique Capriles Radonski violenta los derechos laborales de los servidores públicos de la entidad, al tomar represalias en su contra luego de haber participado en una huelga de hambre realizada en julio de 2012 para exigir mejoras socio-económicas para el Cuerpo bomberil de esta entidad.

Los cabos primeros Ronald Perdomo, Erick Vera, el distinguido Julio Rincón y el cabo segundo Roberto Rincón, afirmaron que se inició una "cacería de brujas" por orden de Capriles, la cual consiste en amenazas de despido de quienes demandan el cumplimiento de sus derechos laborales.

Perdomo, quien labora en la División de Comunicaciones del departamento de Transmisiones recordó que el pasado 24 de diciembre, durante la cena navideña, el Ejecutivo Regional amenazó con despedir a los efectivos que participaron en las acciones de protesta.

Indicó que el pasado jueves 17 de enero se sostuvo una reunión con la vicepresidenta del Consejo Legislativo de Miranda, parlamentaria Thais Oquendo, donde le entregaron una copia de la notificación publicada en la prensa el 28 de diciembre de 2012, en el diario El Universal, donde se informaba sobre una apertura de procedimiento con causal de destitución por presunta insubordinacion, conducta inmoral en el trabajo y actos lesivos.

"La diputada Oquendo nos brindó su apoyo y la garantía de que le plantearía nuestro caso y el de funcionarios de Protección Civil y Polimiranda, quienes también ha sido acosados laboralmente, al canciller Elías Jaua, en virtud de que estuvo al tanto de las irregularidades que se presentaron en la entidad", explicó.

Perdomo, relató que en 2007 sufrió una accidente laboral que le produjo quemaduras de 3er. grado, por lo que hubo que practicarle un injerto de tejido dermoepidérmico, luego del cual presentó una discapacidad de 50%, certificada por El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Ipsasel) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

"A partir de este accidente me diagnosticaron como una persona de incapacidad parcial pero permanente, de por vida, lo que significa que el trabajo habitual no lo puedo realizar plenamente debido a esa discapacidad. Ahora con esta amenaza injustificada de despido esta vulnerando nuestros derechos y el de nuestras familias, en vista de mi circunstancias no creo conseguir otro puesto de trabajo en otro lugar", expresó.

Por su parte, el cabo primero, Erick Vera denunció que recientemente fue excluido del proceso de ascenso por orden del comandante Javier Mendoza, siendo "el sargento número 56 ascendido según el promedio, esto debido al proceso de destitución".

Indicó que la apertura del procedimiento de destitución es "malintencionado" y responde a una "cacería de brujas por exigir el pago de pasivos laborales, mejoras económicas y de infraestructura".

"Él (Capriles) viendo que tenemos la capacidad de motivar y mover a nuestros compañeros para exigir, nos destituye con la intención de amedrentar a los demás. No cabe duda que el procedimiento que se nos abrió está viciado", consideró y agregó que "la institución en ningún momento agotó todas las vías para informarnos del informe, a pesar de que cuentan con nuestras direcciones, contactos telefónicos y uno de mis compañeros trabaja en el cuartel central (de Los Teques)", teniendo así la facilidad de notificarle de inmediato.

Recordó que con estas acciones se violenta la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establecen que al trabajador público se le debe notificar oportunamente del procedimiento administrativo de investigación o destitución, sin embargo, esto no sucedió.

Reiteraron su llamado al canciller Elías Jaua y al vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, a evaluar la situación irregular que experimenta el instituto bomberil y a "no abandonarnos en esta lucha donde el Gobierno Regional ha violentado nuestros derechos".


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La fuente original de este documento es:
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)

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