15 Ene. 2013 - Cientos de indígenas de las etnias Nandeva y Ayoreo cerraron ayer las principales carreteras de la localidad de Mariscal Estigarribia, en el departamento Boquerón, al noroeste de Paraguay, en protesta contra los desalojos y despojos de tierras avalados por la complicidad del Gobierno de Federico Franco.
La agencia Prensa Latina reseñó que integrantes de la etnia Nandeva denunciaron que un empresario se apoderó de 22 mil 500 hectáreas de tierra que les pertenecen, mientras las autoridades gubernamentales hacen caso omiso a las denuncias y no ejecutan acciones para impedir este robo.
Los indígenas mostraron los títulos de propiedad que los acreditan como dueños de los terrenos ocupados ilegalmente. Por ello, reclaman una acción inmediata del Gobierno de Franco, para que procedan a restituir las tierras a sus legítimos dueños.
Por otra parte, la etnia Ayoreo reclama al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) la venta que hizo este organismo de unas 25 mil hectáreas en la adyacente comunidad de Cuyabia, denunciando que se realizó bajo el umbral de la ilegalidad.
De igual manera, ambas comunidades indígenas unieron esfuerzos para exigir la destitución del presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, Luis Ortigoza, y del titular del INDI, Rubén Darío Quesnel, por “su actitud indiferente ante los atropellos” que sufren las etnias originarias.
En declaraciones ofrecidas a la prensa local, representantes de ambas etnias adelantaron que seguirán obstaculizando el paso por las carreteras de mariscal Estigarribia, hasta ser escuchados por el Gobierno y ver respetados sus derechos.
Sobre este particular, el candidato presidencial del izquierdista Frente Guasú, Aníbal Carrillo, destacó que “hoy Paraguay tenemos unos golpistas que ponen en peligro la convivencia democrática, alimentados en forma subterránea por los poderes oligárquicos y mezquinos de los grandes terratenientes y ganaderos involucrados en el golpe de Estado”.
Asimismo, Carrillo confía en que la toma de conciencia popular se consolide con las denuncias de la vinculación del actual Gobierno con grandes transnacionales extranjeras.
Explicó que se trata de “una expresión de la vieja alianza entre los poderes político y económico conservadores, subordinados a los grandes intereses foráneos”.
