La mercancía fue localizada en un galpón de la Zona Industrial El Soco
Caracas, 11 de enero de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro hombres por su presunta vinculación con el acaparamiento de 8.893 toneladas de azúcar, decomisadas la madrugada del pasado martes 08 de enero, en la Zona Industrial El Soco en La Victoria, municipio José Félix Ribas del estado Aragua.
En la audiencia de presentación, los fiscales 50º nacional y 14º de la referida jurisdicción, Daniel Guédez y Gingell Escobar, respectivamente, imputaron al supervisor de seguridad de la empresa Logística TBC C.A, Pedro José Gutiérrez (58); al coordinador de almacén, Yubaldo Estrada Sojo (33); al supervisor administrativo, Jesús Toledo Romero (32); y al chequeador Alexis Cuotto Rondón (24), por la presunta comisión de los delitos de acaparamiento y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley para el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios, y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por los fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 6º de Control de Aragua dictó medida privativa de libertad contra los cuatro hombres y fijó como sitio de reclusión el Centro de Atención al Detenido Alayón.
Asimismo, la mencionada instancia judicial decretó la medida de inmovilización de cuentas bancarias de los imputados, accionistas y de la empresa Logística; así como el aseguramiento de las instalaciones del galpón donde funciona dicha compañía.
En horas de la madrugada del mencionado día, un equipo coordinado por el Ministerio Público y conformado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizó una inspección a un galpón ubicado en el referido lugar, donde encontraron la mencionada cantidad de azúcar.
Durante el procedimiento, los ahora imputados se identificaron ante las autoridades como empleados de una empresa de transporte.
Posteriormente, los hombres no ofrecieron información certera acerca de la procedencia de la mercancía y, además, no poseían factura ni contrato de servicio, por lo que fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
Cabe destacar que el Ministerio Público ha desplegado fiscales en cada uno de los estados del país, a fin de combatir el acaparamiento y especulación en la comercialización de alimentos.
De igual manera, los fiscales superiores de las distintas jurisdicciones han participado en mesas de trabajo con otras instituciones del Estado venezolano, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios.
