28 de diciembre de 2012.- La decisión de extender la inamovilidad laboral en 2013 arrojó reacciones adversas en el sector empresarial, desde donde se asegura que esta medida premia la ineficiencia de algunos trabajadores. Demostrando de esta manera el desprecio que sienten en contra de los que son el motor de la producción.
Según Aurelio Concheso, representante de la Comisión Laboral de Fedecámaras, la medida no fue consultada con el sector empresarial y es "ilógica", ya que la LOT contempla garantías en materia de estabilidad laboral.
"Mantener la inamovilidad es una de las medidas más inconvenientes que puede haber porque promueve la ineficiencia en las empresas". Esas son las apreciaciones del sector de la burguesía que se concentra en Fedecámaras.
Sin embargo, aporrea.org al conocer la extensión de la inamovilidad laboral, entrevistó a algunos trabajadores de la empresa Supra- Caracas y del Hotel Anauco Suites y coincidieron que es una medida acertada y que estarán en pie de lucha, como lo han hecho hasta ahora, para que se cumpla y se haga efectiva en la realidad.
Por su parte Ramón Becerra afirmó: "Nosotros siempre hemos estado a la cabeza de la lucha por el cumplimiento de esta medida que hoy tiene fuerza de ley en la LOTTT, es por ello que vemos con beneplácito que se haya extendido y la gente de Fedecámaras solo tiene que acatarla y cumplirla, asi como las instituciones y empresas dependientes del Estado"
Yony Azuaje de la Supra- Caracas expresó: "Estamos siendo testigos cómo en los países europeos hoy la tasa de despidos son muy altas, esa es la burguesía tratando de que la crisis la paguen los trabajadores, Fedecámaras y sus representantes burgueses no entienden que aquí hay una masa trabajadora dispusta a aluchar por su derechos"
La prórroga de un año más la inamovilidad laboral se plasmó mediante el decreto 9322 del 27 del presente mes. La medida, que estará vigente entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, ampara a todos los trabajadores sin límite de salario.
Desde 2002, el Gobierno ha dictado sucesivos decretos de inamovilidad, pero en el presente caso la medida corresponde a la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que prohíbe los despidos. De allí que un trabajador afectado puede denunciar al patrono ante la Inspectoría del Trabajo en los 30 días siguientes a la expulsión.
El decreto ampara a los trabajadores con contrato indeterminado a partir del primer mes de relación de trabajo, así como a los contratados por tiempo determinado y para la ejecución de una obra, cuando la duración del contrato no haya vencido y hasta que haya sido culminada.
El empleador está obligado a reenganchar al empleado con pago de los salarios caídos y cualquier otro beneficio socioeconómico que haya dejado de percibir. El decreto indica también que al patrono se le aplicarán las sanciones de la ley consistentes en multas de entre 60 y 120 unidades tributarias por incumplimiento de la inamovilidad laboral y desacato al reenganche.
Quedan exceptuados de la disposición gubernamental los cargos de dirección y los trabajadores temporales y ocasionales.