Buenos Aires, diciembre 17 - El gobierno argentino informó este lunes al poderoso multimedios Clarín que comienza a aplicar una cláusula antimonopólica de la ley de medios, por la cual el grupo deberá desprenderse de decenas de licencias de radio, televisión y cable.
"Vine a notificar el inicio de la transferencia de oficio (de las licencias de radio, TV y cable excedidas del grupo). Un juez declaró constitucional y está plenamente vigente la ley de Medios", dijo Martín Sabbatella, titular de la AFSCA (autoridad de aplicación) al salir de la sede del Grupo Clarín.
El funcionario sostuvo que ese fallo del juez de primera instancia Horacio Alfonso, habilita la aplicación de la norma porque declaró constitucional el artículo 161 sobre desinversión de la ley de medios, al rechazar un planteo de Clarín.
El Grupo Clarín, a su vez, apeló este lunes el fallo del magistrado ante la Cámara en lo Civil y Comercial, en medio de una batalla judicial entre el gobierno y el multimedios por la aplicación de la norma que ya lleva más de tres años y puede concluir en la Corte Suprema de Justicia.
La transferencia de oficio, según explicó Sabbatella, está prevista para los grupos excedidos en licencias de radio, televisión y cable que no han presentado en tiempo y forma un "plan voluntario" de desinversión.
Martín Sabbatella, responsable del órgano de aplicación de la ley de medios explicó que la "transferencia de oficio tiene cien días hábiles y se inicia con su notificación para quien no haya presentado su plan voluntario de adecuación. Eso tiene un primer capítulo que es la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas".
"Hasta que el proceso de transferencia concluya, según explicó, el actual titular de las licencias "deberá hacerse cargo del servicio, cuidarlo, mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes. Y esto es lo que le pedirá el Estado que haga hasta que llegue el nuevo titular" al Grupo Clarín, el único grupo de medios que no presentó su plan de adecuación voluntario.
"La diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y el proceso de oficio es que en el primer caso el que lo organiza es el propio grupo empresario, y en el proceso de oficio lo hace el Estado al no haber un cumplimiento de la norma", agregó el referente de Nuevo Encuentro sobre el proceso de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El funcionario sostuvo que "durante estos tres años hubo una ley de la democracia, votada por el Congreso, suspendida por medidas cautelares. Y eso nos parecía una barbaridad y lo dijimos".
"Una ley de la democracia no puede ser suspendida por una medida cautelar cuando no hay riesgo inminente ni riesgo para la libertad de expresión, tal como lo dijo la Corte Suprema", subrayó.
