Los Teques, 16 de diciembre de 2012.- El gobernador del estado Miranda y candidato a la reelección, Henrique Capriles Radonski, tuvo una gestión nefasta para la entidad, durante estos cuatro años.

Así lo señaló el distinguido Oliver Piñero, destacado en el área prehospitalaria del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del estado Miranda (IACBEM), quien afirmó que Capriles utilizó a Miranda como un "trampolín político para intentar llegar a la presidencia".

"La gestión de Capriles es totalmente pírrica y nefasta, a nuestro modo de ver él (Capriles) utilizó los institutos autónomos, como el de los bomberos y la policía, como una caja chica para pedir recursos al Gobierno Central y utilizarlos para su campaña, (durante su gestión) nunca tuvo la iniciativa de mejorar las condiciones sociales de los trabajadores, y mucho menos de la infraestructura de la institución", puntualizó.

Destacó que la falta de gobierno en Miranda en materia de seguridad, salud, cultura y deporte, así como la acumulación de deudas con los servidores públicos adscritos a la Gobernación (docentes activos y jubilados, bomberos, policía y funcionarios de Protección, Civil), caracterizan la administración de Capriles como gobernante de Miranda.

"Capriles nunca se preocupó por la seguridad en Miranda y eso lo certifican las estadísticas, Miranda es uno de los estados más inseguros debido a la inexistencia de políticas, nuestro estado está en condiciones deplorables por la ausencia de un gobernador que utilizó a Miranda", sentenció.

Los bomberos exigen reivindicaciones laborales desde el pasado mes de julio cuando protagonizaron una huelga de hambre y "Capriles se hace oídos sordos a las solicitudes de los servidores públicos".

Esta misma situación ocurre con el resto de las instituciones adscritas a la Gobernación de Miranda. Tal es el caso de Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda (Iapem) donde los efectivos policiales ejercieron el día viernes acciones de protesta.

Dobson Insignare, oficial agregado del Iapem con 16 años de servicios, indicó que con la administración de Capriles "Polimiranda se ha ido al piso, han destituido personal injustificadamente y mantienen con los funcionarios deudas millonarias, sólo al Seguro Social le debe 17 millones".

Indicó que este viernes se declararon de brazos caídos debido al pronunciamiento que hizo el director de recursos humanos de Polimiranda, Rómulo Sánchez, quien afirmó ante los funcionarios que no hay dinero para cancelar las deudas.

"El director de Recursos Humanos dijo en la Comandancia General a los funcionarios que no tenía para pagar los aguinaldos, ni ninguna otra deuda. El descaro e irresponsabilidad no tiene límites pues nos expresó que debíamos arreglarnos con la nueva administración que asumiera (la Gobernación)", señaló.

Insignare sostuvo que estas acciones responden a retaliaciones que violentan el derecho laboral de los trabajadores, pues en su caso particular le suspendieron sus pasivos laborales desde noviembre de 2011 "por supuesto abandono de cargo".

"Las irregularidades son continúas, todavía no me han abierto el expediente, simplemente no está clara mi situación y me mantienen en el limbo, lo propio ocurre con otros funcionarios y tengo las pruebas en físico para demostrarlo y todavía estoy como funcionario activo", dijo Insignare quien tiene una discapacidad producto a una herida de arma de fuego a nivel de la columna.

El 21 de junio del presente año, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Públicos (Capem) de la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda interpuso una demanda judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la referida gobernación, el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda y el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda por la deuda que mantiene con estas instituciones.

El Ejecutivo Regional se mantiene en mora con una suma millonaria de 16.749.240 bolívares a Capem desde el año 2009 hasta el mes de octubre del 2012, a pesar de que quincenalmente se realiza la cuota de descuento a los servidores públicos afiliado a este organismo.