07/11/12.-Integrantes del Frente de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos marcharon ayer para solicitar apoyo y reclamar a las instituciones del Estado el retardo en la constitución de la comisión que investigará los delitos de lesa humanidad que generó el terrorismo de Estado durante el período 1958 a 1998.

“Queremos se conforme la Comisión de la Justicia y la Verdad que investigue lo que hicieron los cuerpos del Estado en casos como el de mi hermano, que lo detuvo la Digepol y más nunca se supo que fue de él”, dice Pura Soto Rojas, integrante del Frente.

Con pancartas que le ponen rostro y nombre aparte de estas víctimas recorrieron el centro de la ciudad para entregar un documento ante la Fiscalía, la Vicepresidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Cancillería, que recuerda la mora de estas tres últimas instituciones en la designación de los integrantes de la comisión, tal como establece la Ley contra el Silencio y el Olvido.

“Esta comisión es el alma de la ley porque está encargada de solicitar con total autonomía los expedientes de cientos, quizás miles de personas, víctimas del aparato represivo que se instaló durante la IV República”, señaló Humberto Vargas, otro integrante del Frente.

El texto de la Ley estableció un lapso de 60 días para la creación de la instancia una vez la Asamblea aprobó la norma el pasado 25 de noviembre de 2011.

Para ello se deben elegir 19 integrantes: uno por el Ministerio Público, otro de la Defensoría del Pueblo; cuatro del Ejecutivo Nacional por el Ministerio del Exterior, Interior y Justicia, para Servicios Penitenciarios y el Despacho de la Presidencia; y tres diputados de la Asamblea Nacional.

Los otros 10 son representantes del Frente de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos durante la IV República.

El plazo venció el pasado 25 de enero y hasta el momento de la concentración aún faltaban cinco de estos miembros. De ahí la impaciencia y el llamado de atención de los integrantes del frente a los entes que faltan por designar a sus miembros.

La Constitución señala que los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás.

La mayor parte de los marchantes son personas mayores y familiares de víctimas o excombatientes. La ausencia de una tumba para los que nunca aparecieron les recuerda la deuda que mantiene el Estado con estos.

“La desaparición forzada no prescribe, por eso, con este Gobierno Revolucionario estamos en la calle”, precisa Pura.

La diputada Amarilis Pérez, que participó e impulsó el instrumento, acompañó la acción de calle. Indicó que una vez arranque la comisión se podrán reabrir los casos, atribuir responsabilidades y resarcir a las víctimas.

“No hay espíritu sino de justicia. Algunas implicados podrían ir a la cárcel, pero la mayoría son personas mayores que tendrían casa por cárcel. Lo que queremos es un resarcimiento moral, que la gente sepa quién son”, pide Pura, cuyo hermano, Víctor Soto Rojas, fue lanzado en pleno vuelo desde un helicóptero en el cerro El Bachiller, en el estado Miranda durante el gobierno de Raúl Leoni. Su cuerpo nunca apareció.


Argentina, pionera

Durante más de 25 años las leyes de Obediencia Debida y Punto final impedían llevar ante los tribunales penales argentinos a implicados en delitos durante la dictadura militar. El 4 de agosto de 2006 se condenó por primera vez a un responsable directo y el 18 de septiembre del año 2006, el excomisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolaz, fue condenado a reclusión perpetua por homicidio calificado, secuestro y torturas. Se calcula que existen entre 22 mil y 30 mil casos de desapariciones sin respuesta legal.


Fiscalía investiga

Actualmente, y a partir de una orden del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó reabrir cinco casos de desapariciones forzosas ocurridas por cuerpos de seguridad del Estado como la División de Inteligencia Militar (antiguo SIFA), la Disip (antigua Digepol), la Policía Técnica Judicial y Teatros de Operaciones militares. Entre estos casos se encuentran los de Víctor Soto Rojas, Alberto Lovera, Alejandro Tejero, Noel Rodríguez y Montes “el Negro” Beltrán. Todos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.


La Operación Cóndor

La Operación Cóndor fue un plan de cooperación entre servicios de seguridad de regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) y Brasil, Paraguay, Bolivia, con conexiones con fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, bajo coordinación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental que se descubrió a partir de documentos desclasificados en la época del presidente Bill Clinton.


Asamblea designó a tres integrantes de la comisión

Los diputados Orángel López, Edgar Lucena y Jesús Faría fueron designados este martes por la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) para conformar la Comisión por la Justicia y la Verdad.

“Les pedimos a estos señores diputados que se incorporen con los compañeros, familiares de los desaparecidos y las víctimas de ese período tan funesto, que algunos se empeñan en olvidar, pero que estamos obligados a recordar cada día”, indicó el presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, ante la plenaria de la AN en sesión ordinaria.

Informó que Claudio Farías, Yul Jabour y Lirisol Velásquez serán los parlamentarios suplentes en la mencionada comisión.

FISCALÍA ESTÁ CON LA LEY

Por su parte, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthe, se comprometió ayer a colaborar en la constitución de la Comisión de Justicia y Verdad.

“Estamos casados con la Ley y la Comisión que va a conformarse donde realizaremos el trabajo que corresponde como órgano rector en la investigación de las responsabilidades penales” de los casos denunciados, señaló.

Berthe, quien forma parte de la comisión por parte del Poder Ciudadano, recibió en la sede de la Fiscalía una solicitud de apoyo para la constitución de la Comisión por parte del Frente de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados.

ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ/CIUDAD CCS