Caracas, 02 Nov.- Con el apoyo de organismos del Estado, principalmente la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), continúan las gestiones para la adquisición de cien edificios de vieja data que han sido destinados durante décadas a alquiler en la Gran Caracas.

Yurani Prado, vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, explicó que esta es una de las acciones que promueve el colectivo de arrendatarios en la actualidad y detalló que ya se encuentran en trámite documentos como certificados de gravamen y tradición legal, ante los entes con competencia.

Comentó que la Sunavi se ha reunido recientemente con propietarios de 25 edificios, quienes manifestaron su disposición de vender. Explicó que hay otro grupo de inmuebles cuyos los dueños se niegan a la venta o se desconoce quiénes son sus titulares, porque en algunos casos podría tratarse de personas que han fallecido y no dejan herederos.

Tanto Prado como los demás integrantes de los colectivos de inquilinos confían en que el proceso llegarán a feliz término. Cuando se concrete la medida, 1.976 familias recibirían en propiedad las viviendas que han habitado durante décadas.

"Tenemos confianza. La Sunavi ha abierto las puertas para sumar manos y estamos colaborando desde el movimiento", expresó la vocera, quien vive desde hace diez años en el edifico Boconó, una estructura ubicada en Baruta que tiene 58 años de construcción.

La sexta disposición transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la primera norma presentada por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional (AN), establece que los grandes propietarios de estos edificio antiguos deben vender los inmuebles en un lapso máximo de 180 días a partir del momento en que la Sunavi fije el precio de venta, de acuerdo al método establecido en el instrumento jurídico.

En noviembre de 2011, cuando se promulgó este instrumento jurídico, el presidente Hugo Chávez y el entonces vicepresidente, Elías Jaua, dieron detalles del inicio de este proceso de negociación.

En esa oportunidad, puntualizaron que 73 de los dueños se presentaron ante los órganos públicos para iniciar el proceso de venta. Con respecto a los propietarios de edificios que no se habían presentado, se indicó que los inmuebles podían quedar sujetos a una medida de expropiación.

Estas familias, tal como contempla la Ley, tendrán prioridad para tramitar los créditos para adquisición de sus viviendas y el Estado les otorgará subsidios a personas con discapacidad y adultos mayores.

"Queremos llegar a precio justo"

Evangelina Aguirre ha vivido durante más de veinte años en situación de alquiler en el edificio Oriol, ubicado en la calle El Progreso, parroquia San Pedro, en Caracas.

Es un inmueble con más de cincuenta años de construcción, con 31 apartamentos alquilados, y que tiene deficiencias en cuanto a mantenimiento.

"Siempre fue difícil negociar con los propietarios, porque ellos pretenden vender a precios exorbitantes cuando el edificio no reúne las condiciones óptimas. No aceptamos ese precio elevado sino uno justo", dijo Aguirre, quien desde hace siete años forma parte de la Red Metropolitana de Inquilinos.

El precio que antiguamente planteaba el dueño, oscilaba entre los 500.000 y 800.000 bolívares, por un apartamento de cincuenta metros cuadrados en el que vive Aguirre con su esposo. "Ese monto no es razonable", enfatizó. Sin embargo, detalló que el propietario del inmueble está en las conversaciones con la Sunavi para fijar el costo justo del bien.

El establecimiento de un monto justo para adquirir los inmuebles es una conquista del movimiento de inquilinos, que se logró mediante la promulgación de la ley. El instrumento jurídico autoriza únicamente a la Superintendencia para fijar el valor de los inmuebles, tomando en cuenta el valor de reposición (cuánto costaría construir el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, la depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región.

Ese valor de reposición será fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en bolívares por metro cuadrado. Los colectivos esperan que el despacho determine este indicador próximamente mientras se dedican a cumplir con todos los trámites legales y administrativos.