Panamá, octubre 26 - Denuncias por la represión policial en Colón, Panamá, y la imposición
de una ley con ribetes de inconstitucionalidad que afecta el patrimonio
nacional fueron presentadas ante la ONU y otros instituciones
internacionales.
El opositor Partido Panameñista se unió a otras agrupaciones que han
hecho algo similar y elevó denuncias ante la Oficina Regional del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Relatoría de
Derechos Humanos para Panamá de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
También las presentó ante instancias nacionales que
incluyen la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja por la violenta
represión desatada por el gobierno contra el pueblo que rechaza la ley
que permite la venta de tierras del Estado en la Zona Libre de Colón.
Las denuncias advierten de la posible ilegalidad de la ley cuyas
consecuencias son las protestas y piden a esos organismos adopten medida
para proteger la vida, integridad personal y garantías judiciales del
pueblo colonense.
Poco antes Carmen Rosa Villa Quintana, Alta
Comisionada de ONU para los Derechos Humanos en Centroamérica, había
dicho que el uso de armas de fuego por la policía es excepcional y
debe tomar en cuenta principios de necesidad, respetando los derechos
humanos.
La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones
abrieron 14 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, desde
el uso de armas de fuego hasta allanamientos ilegales, uso excesivo de
fuerza y retención sin méritos de personas por parte de la policía.
