25 de Octubre.- El pueblo de Panamá iniciará hoy un día clave en el conflicto generado por el intento del gobierno de vender las tierras estatales en la Zona Libre de Colón (ZLC), pues se le cierra el cerco de posibilidades de mantener esa idea.
Residentes de la ciudad de Colón (en la costa caribeña) enterrarán este jueves al niño Josué Betancourt, de nueve años de edad, primera víctima mortal de la represión contra las protestas por la aprobación de la Ley 72, que subroga la 18 de 1948, la cual creó la ZLC y permite la venta de tierras estatales, considerada inconstitucional por la oposición.
Los panameños irán a llorar al cementerio, como mandó el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, a sus adversarios, cuando el entonces proyecto de ley fue aprobado por los 41 diputados de Cambio Democrático, en una irregular sesión a la que asistieron solamente cuatro legisladores de oposición.
Apenas el texto fue enviado al Ejecutivo sin que se distribuyera en la Asamblea previamente, el presidente del país, Ricardo Martinelli, lo sancionó y convirtió en la Ley 72 de la República, al ordenar su publicación en Gaceta Oficial. Pocas horas después el gobernante emprendió viaje a Asia, donde aún permanece.
El mismo día 19 comenzaron las manifestaciones de protesta en Colón y las denuncias de inconstitucionalidad, lo que hacía prever el inicio de un grave conflicto, pero esas evidencias no detuvieron el viaje del mandatario y su comitiva, como lo ha cuestionado el Frente Amplio.
Hoy se está llegando a un clímax en el conflicto, pues todo el pueblo colonense quiere participar en las exequias del menor, mientras que en la capital y otras muchas ciudades del interior hay anunciadas marchas, cierres de vías y nuevas huelgas.
Numerosos sectores en todo el país se suman a las huelgas que desde el viernes último tienen paralizada a la provincia más rentable de Panamá y cuyas pérdidas multimillonarias no han sido aún cuantificadas.
Por primera vez en muchos años, todas las fuerzas políticas, sindicales, gremiales y sociales panameñas se han unido en el rechazo unánime a la ley que el Gobierno sigue defendiendo, con argumentos como el de que los ingresos de las ventas irán a un fideicomiso, el cual será administrado por los colonenses.
Sus opositores han denunciado que la oferta es poco creíble, pues no hay un respaldo formal y legal detrás de ella, aunque el Frente Amplio señala que ese no es el problema.
Lo más importante, argumenta, es que el Gobierno quiere por encima de todo vender parte del Patrimonio Nacional y eso es lo que se debe impedir.
Esa vehemencia oficialista levanta suspicacias de todo género, como han explicado dirigentes de los partidos Revolucionario Democrático, Panameñista y Popular, quienes la relacionan con la existencia real de un déficit fiscal, desmentido por el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima.
Las expectativas son grandes y los panameños están a la espera de que haya un giro en la situación, pues el conflicto se ha prolongado demasiado, deja pérdidas insoportables a la economía del país y puede crear más complicaciones, porque la movilización contra la ley es cada vez más general.
