La protesta fue convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que calcularon que 70.000 ciudadanos participaron en la medida de fuerza.
En varios puntos de la movilización, los estudiantes fueron dispersados por la policía con carros lanza-agua y gases lacrimógenos, reseñó Prensa Latina.
"Estamos muy preocupados y no queremos que se tomen decisiones entre cuatro lujosas paredes, a la espalda de todos los estudiantes, en desmedro de los colegios públicos y las instituciones públicas que representamos", expresó el presidente de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Cristofer Sarabia.
Los alumnos reclaman su participación en la discusión del presupuesto 2013 que, según señalaron, estipula el cierre de centros de educación.
Pablo Toro, máximo dirigente de Aces, declaró que el sistema educativo del país necesita un cambio estructural, que permita que sea estatal, gratuito y de excelencia.
El líder estudiantil reclamó que la educación tengan "control comunitario" y que "no basta con una inyección gigante de recursos" para lograr esas modificaciones.
Por su parte, Noam Titelman, de la Confech, recordó que el pueblo chileno lleva dos años movilizado en demanda de un nuevo sistema educativo y en rechazo al lucro imperante.
"En nuestro país alguna vez tuvimos 78% de educación pública, hoy día solamente tenemos 40%. Si seguimos así para el próximo año vamos a ser uno de los pocos países en el mundo donde tengamos un sistema de provisión privada de educación, con un pequeño complemento público", aseveró.
En tanto, representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentes en la marcha lamentaron ciertas dificultades para subir a los vehículos policiales que trasladaban a detenidos, informó la radio Bio Bio.
El funcionario Rodrigo Bustos explicó que "intentamos ingresar en algunos casos a vehículos y eso no fue posible, pese a haber hablado con la persona a cargo del vehículo".
Bustos agregó que los miembros del Instituto visitarán las distintas comisarías "para ver el estado en que se encuentren las personas privadas de libertad y cautelar sus derechos".