Los movimientos piketeros llamados "duros", por su oposición al gobierno, tomaron la capital argentina entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde del día 4 de agosto. Una decena de marchas ingresaron a la Capital Federal por sus cuatro costados. A las tres de la tarde sumaban entre 40 mil y 45 mil manifestantes.

Es considerada una prueba de fuerzas de los movimientos opositores con el gobierno de Néstor Kirchner, a quien adversan por sus políticas ante el FMI, por colaborar con los EE. UU. en Haití y en ejercicios militares conjuntos en Costa Rica y por el recorte de los planes sociales. Hace 15 días el gobierno sufrió su primera crisis de gabinete, cuando despidió al Ministro de Justicia y al Secretario de Seguridad Nacional, además de a un grupo de jefes policiales que no cumplieron su orden de no usar armas de fuego en las movilizaciones. El presidente a adoptado la política de "primero disuadir" con el objetivo de evitar enfrentamientos físicos que dejen muertos, cuyos costos políticos en Argentina se pagan yéndose del gobierno, como hicieron De la Rúa y Duhalde.

La burguesía quiere orden

Se realizaron cuatro concentraciones masivas previas, una frente a la Corte Suprema de Justicia, otra ante el Congreso Nacional, una tercera contra las deliberaciones en la Legislatura del Gobierno de la Ciudad-Estado de Buenos Aires, y al final, todos se arremolinaron en la Plaza de Mayo, en las mismas narices de la Casa Rosada (sede del gobierno nacional) Reclaman el desprocesamiento de dos estudiantes acusados penalmente por participar en acciones universitarias hace un año. También, la liberación de 15 manifestantes apresados en la marcha ante la Legislatura porteña el 6 de julio, donde se destrozaron partes del edificio sede.

En las últimas horas se informó de una causa penal contra Nina Peloso, dirigenta, junto a su marido, Raúl Castels, del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD), una de las agrupaciones más grandes y organizadas del país. Según fuentes judiciales, en Argentina hay 4.112 activistas sociales y militantes políticos procesados penalmente, desde 1999. La Central de Trabajadores Argentinos acusa más de 300 miembros en estado de judicialización. A estas demandas de tipo democráticas se sumaron varias de carácter social y político, como el rechazo al déficit fiscal impuesto por el FMI y el favor gubernamental a los sectores piketeros afectos al régimen.

Desde mediados de 2003, cuando la mayoría de la clase media comenzó a derechizarse, los sectores del poder económico, militar, religioso, mediático y político de Argentina procuran recomponer lo que llaman "el orden en las calles". Una de las consignas políticas más convocante es la exigencia de que la Legislatura de la Ciudad no de tratamiento al Código de Convivencia Urbana, presentado por los sectores derechistas, para penalizar a menores de edad, segregar geográficamente prostitutas, travestis, transexuales y buhoneros. La sesión que trataría el Código fue suspendida a las 4pm. en medio de enfrentamientos verbales, tumultos y empujones. A pesar del despliegue de unos 1.600 policías y centenares de evidentes agentes civiles del Servicio de Investigaciones del Estado (SIDE) por el centro de la ciudad, no se produjeron incidentes violentos, como la prensa de derecha había pronosticado. Los piketeros, prostitutas y buhoneros acusan a infiltrados de la SIDE por los destrozos al edificio de la Legislatura hace tres semanas.

Las banderas

La toma de la ciudad de Buenos Aires fue realizada por una decena de organización piketeras, partidos de izquierda de corrientes trotskistas, la Corriente Clasista y Combativa, de corte maoísta, el MTL dependiente del Partido Comunista, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Ahorristas, de la clase media bancarizada dirigido por el actor cómico Nito Artaza. La imponente demostración de fuerzas en la capital de Argentina, expresa la declarada tendencia al enfrentamiento social que se verifica en la sociedad, donde lentamente se han ido conformado dos campos de fuerza claramente opuestos en sus objetivos políticos y sociales.