Ginette González.- Revolucionario y radical. Así
es Eduardo Samán, quien fue presidente del Indepabis y Ministro de
Comercio. En febrero de 2010 se anunció su salida del Gabinete. La razón
nunca se supo a ciencia cierta, hasta hace una semana cuando un cable
de WikiLeaks reveló el posible motivo. Transnacionales del medicamento
hicieron lobby para que su proyecto de Ley de Propiedad Intelectual
quedara en el olvido.
El interés de Samán por el tema de las patentes de medicamentos se hizo mayor cuando al frente del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) se percató de que la mayoría de las patentes se habían entregado de forma irresponsable.
¿Por qué las patentes eran entregadas a la ligera?
En el Sapi nosotros comenzamos a estudiar y ver cuáles eran las consecuencias de las patentes en el acceso a los medicamentos, en lo que el Estado destina a la compra de fármacos y en la producción nacional. Nos dimos cuenta de que las patentes se habían otorgado irresponsablemente, tanto que en ese momento el Tribunal Andino de Naciones determinó que la patente del Viagra había sido mal otorgada por Venezuela y ordenó revocarla. La decisión la acatamos de inmediato, mientras que Ecuador tardó tres años.
¿Cuál fue el resultado?
Surgieron ocho marcas diferentes de "Sildenafil" -principio activo del Viagra- y el precio cayó a la cuarta parte. Esto explica qué es lo que hace una patente. El laboratorio pone el precio que le da la gana por 20 años. Luego de este caso comenzamos a revisar todas las patentes otorgadas.
¿Cuáles fueron las irregularidades?
Encontramos que había solicitudes de patentes que tenían modificaciones insignificantes. Estaban pidiendo nuevas patentes para prolongar por 20 años más la existencia de las que ya tenían. Lo que hacían era maquillar los productos y solicitar nuevas patentes para extender la exclusividad. Por esta razón no podíamos aprobar las solicitudes, porque significaba dar a las compañías derechos exclusivos por algo que no lo merecía. Mantuvimos una política de ser muy estrictos con el otorgamiento de las patentes, cuyas solicitudes estaban hasta mal traducidas. El mercado de patentes en el país es de 100 millones de dólares, de un total de mercado de 6 mil millones de dólares.
¿Por qué impulsó una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual ?
En Venezuela la Ley de Propiedad Industrial que está vigente es de 1955, la hizo Pérez Jiménez. Esa ley prohíbe otorgar patentes sobre medicamentos y productos químicos de uso agrícola. Además, condicionaba las patentes a que el producto se fabricara dentro del país y ese era uno de los aspectos que nosotros queríamos mantener. Ahora hay que explicar que cuando Venezuela firma el Acuerdo de Cartagena la legislación en propiedad industrial empieza a ser la de la Comunidad Andina, pero la ley del 55 no fue derogada. Lo que sucedió es que se comenzó a usar la Decisión 486 de la Ley Andina, la cual tenía una aplicación directa y preferencial sobre la ley nacional. Luego en 1995 se firma un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC) que era compatible con la Ley Andina. El problema surge cuando Venezuela se retira de la CAN.
¿Qué pasó después?
Al salirnos de la Comunidad Andina, entramos en conflicto con la OMC, por lo que propongo la reforma para evitar que el país sea llevado a un panel de controversia, algo así como un juicio. Estaba cuidando que el país no entrara en conflicto con los entes internacionales.
¿Qué planteaba la propuesta?
La característica principal del proyecto era que las patentes serían consideradas concesiones y no títulos de propiedad. Haciendo eso cumplíamos con la OMC, porque sí íbamos a otorgar patentes, y no era cierto que se violaban acuerdos internacionales. Eso seguro fue lo que le dijeron al Presidente, que era un proyecto loco.
¿Qué implica que fueran concesiones?
Una
concesión puede ser revocada si al que se le otorgó incumple con las
condiciones establecidas. El título de propiedad para revocarlo requiere
una expropiación. Con la concesión se garantizaba impedir el abuso que
actualmente ejercen las corporaciones con los medicamentos. Con las
patentes abusan con el precio, lo cual reduce el acceso de la
población.
¿Qué otro elemento planteaba?
Si las empresas querían derecho exclusivo tenían que venir al país a producir el medicamento y generar puestos de trabajo.
¿Qué planteaba el proyecto de la industria?
El proyecto formulado por la Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme), que fue presentado ante la Asamblea Nacional, lo único que tenía de chavista era el lenguaje. En realidad lo que pretendía era favorecer los intereses de las empresas transnacionales.
¿Dicen que usted es más radical que los cubanos?
Hay que revisar la posición de los cubanos en esa materia, si favorece al interés de Cuba y de la región Latinoamérica, o a las empresas transnacionales. Para mí, los funcionarios encargados de llevar la política de propiedad intelectual en Cuba están vendidos al Imperio.